Aunque el Gobierno estimó en 30 billones el costo de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto usando una firma privada, la Defensoría del Pueblo y expertos juristas advirtieron a la Corte Constitucional la necesidad de hacer una evaluación técnica y económica oficial que no solo detalle las pérdidas, sino que incorpore proyectos de desarrollo locales. Las Gobernaciones piden apoyo a la Nación.
El costo económico del terremoto de magnitud 7.4 sigue siendo incierto.
Esta es una de las advertencias que la Defensoría del Pueblo le hizo a la Corte Constitucional, que estudia el Decreto 1261 de 2026 (mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia por el terremoto) y los decretos que lo desarrollan. Esto busca tener un panorama más certero de cuánta plata se necesitará, no solo para la primera fase de respuesta, sino en el largo plazo.
Si bien se prevé que la Corte dará su visto bueno a la emergencia, las Gobernaciones le han planteado al alto tribunal un duro panorama de billonarias necesidades que requieren el auxilio de la Nación. El departamento del Quindío es uno de los ejemplos más claros; con 78.270 damnificados, 3.075 viviendas destruidas y 32.657 averiadas, su estimado para una atención integral asciende a 2.087 billones de pesos que no tiene.
Quindío dispuso ya 53.646 millones; los restantes 2.033 billones serán solo posibles con la concurrencia de la Nación. Según la explicación enviada a la Corte, esos recursos permitirán restablecer vías, servicios e infraestructura inicial, ejecutar obras urgentes y recuperar la capacidad operativa de hospitales y centros educativos.
Otro departamento que pide ayuda es Caldas. El saldo de 2.414 viviendas destruidas, 19.202 afectadas, 468 colegios con daños y más de 151 estructuras públicas impactadas llevó al departamento a calcular sus necesidades financieras en 2,136 billones de pesos. Esa plata se estimó únicamente para la reconstrucción y mitigación en 26 municipios, sin contar Manizales.
Al sumar la reconstrucción del sector comercial y su reactivación, y los recursos para reconstruir el paisaje cultural cafetero, la inversión asciende a 3.13 billones de pesos que tampoco tiene. Hasta el momento, Caldas identificó solo 300.000 millones de pesos que podría usar.
“Es deber ineludible de esta Secretaría de Hacienda manifestar a la honorable Corte Constitucional que el departamento de Caldas carece por completo de la capacidad fiscal y de espacio presupuestal autónomo para asumir semejante rubro con cargo exclusivo a sus ingresos de recaudo propio”, indicó. Por eso, el departamento pidió una cofinanciación al Gobierno, insistiendo en que sin ello la reconstrucción, técnica y materialmente, sería imposible de hacer.
Hay otros departamentos cuyo panorama es más alentador. Antioquia estima en 38.650 millones de pesos su plan de acción. Con corte al 18 de septiembre pasado, no había advertido afectaciones en su capacidad financiera ni presiones de liquidez o de deterioro fiscal.
Ahora, si bien el departamento de Cauca tampoco ha reportado un deterioro, sí advirtió que para final de año podrían superarse los límites de gasto de funcionamiento. Con 342 casas destruidas, 8.439 averiadas, 336 sedes educativos con daños, Cauca estimó que necesitará 627.326 millones de pesos para atender toda la emergencia, cubriendo las afectaciones en centros de salud, hospitales, clínicas, vías, acueductos, puedes, plazas de mercado, entre otros.
Aunque el epicentro del terremoto fue San José del Palmar, en Chocó, ese departamento aún no ha enviado información a la Corte Constitucional, mientras que otros que sí lo hicieron no expusieron un monto estimado. Es el caso de Risaralda, Huila, Sucre o Tolima. Esta última Gobernación dijo que no cuenta con las herramientas especializadas, modelos de exposición ni los recursos necesarios para hacer una estimación de lo que se necesita.
CAMBIO revisó sus respuestas con ayuda de la inteligencia artificial, para plantear el siguiente panorama:
Las estimaciones están directamente relacionadas con los daños que sufrió cada departamento. En El Cairo, Valle del Cauca, por ejemplo, el 80 por ciento de la infraestructura habitacional fue destruida, registrándose también graves afectaciones en Buenaventura, Cali, Roldanillo y Sevilla. Risaralda reportó entre 5.500 y 11.900 viviendas destruidas y más de 56.000 averiadas, además de 109 edificios colapsados y 5.306 averiados, con mayor concentración de daños en Pereira y Dosquebradas.
Mientras tanto, en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Huila y Norte de Santander predominaron agrietamientos y fallas no estructurales, mientras que en Caquetá, Sucre, Bolívar, Nariño y Santander los daños en viviendas fueron puntuales o menores.
«No hay una cifra clara del costo de la emergencia»
El Gobierno justificó los 30 billones de pesos, que son el 1.5 por ciento del PIB, en una estimación de la firma Ingeniar Risk Intelligence que abarcó tres componentes: la caracterización del movimiento sísmico y su distribución entre los departamentos, la identificación georreferenciada de las edificaciones e infraestructura expuestas a posibles daños derivados del sismo, y la aplicación de funciones de vulnerabilidad para estimar el nivel de daño y las pérdidas económicas asociadas.
El ministerio de Hacienda le ratificó a la Corte que, para el momento de la emergencia, que la subcuenta principal de Manejo de Desastres del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) solo disponía de $47.265.782.863 pesos. Además, validó la estimación ―a pesar de haberse hecho solo con cinco departamentos― al insistir que estos representan 14,4 % del PIB y tienen una alta participación de actividades de comercio, transporte, industria y agricultura.
Luego, la UNGRD precisó que, en total, son 496 municipios afectados en 16 departamentos: el decreto inicial había incluido a Putumayo, pero luego esto se corrigió al evidenciarse que no presentó daños por sismo. En el decreto1348 el 31 de agosto de 2026, que actualizó la declaratoria, entraron también Caquetá y Santander. Respecto a los recursos, la UNGRD dijo que no cuenta “con información que permita cuantificar dicho impacto ni determinar su incidencia sobre el déficit fiscal de la nación” por tratarse de un análisis que excede sus funciones.
La entidad explicó contó en 2026 con un presupuesto de 668.421 millones de pesos para atender emergencias en todo el país, pero esos recursos ya estaban totalmente comprometidos cuando ocurrió el terremoto. Con corte al 11 de agosto pasado, la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tenía disponibles 257.305 millones, de los cuales apenas 47.265 “hacen referencia a la línea de acción de Manejo de Desastres”. Los otros recursos están atados a temas administrativos de gestión y fortalecimiento.
El pronunciamiento de la UNGRD no pasó inadvertido: la Defensoría del Pueblo precisó que esos 47.265 millones son solo una subcuenta y que el Fondo Nacional debe contener recursos suficientes para atender todos los procesos de gestión de riesgo. Reconociendo que los recursos totales del Fondo posiblemente estén comprometidos, la Defensoría enfatizó en que el decreto en estudio en la Corte no tiene la cifra correcta.
“Lo que la Entidad sostiene es que el decreto no ofrece esa información y que sin ella no puede verificarse el tercer elemento del juicio de suficiencia en materia de recursos. Tampoco existe una cifra pública consolidada y actualizada del saldo acumulado en los fondos territoriales de gestión del riesgo. Salvo Antioquia, las gobernaciones actúan según la emergencia del momento. Lo que corresponde establecer es el monto total disponible en el Fondo, para que la afirmación de insuficiencia sea verificable”, dijo la Defensoría.
Cabe precisar que la entidad, como todos los intervinientes en el expediente, está pidiendo a la Corte avalar la declaratoria de emergencia. Sus precisiones no son una crítica al Gobierno, sino que enfatizan en que el país necesita claridad sobre la plata: “no existe oficialmente una evaluación técnica y económica de los daños y pérdidas causados por el terremoto: ni la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ni el Gobierno nacional han presentado estudios al respecto”.
De los 30 billones de la firma privada, 24,5 corresponden a edificaciones y 5,5 a infraestructura. Se trata de una valoración que, dice la Defensoría, no puede sustituir los procesos oficiales de inspección y valoración de daños. Además, dice la entidad, acá no se debería estar hablando solo del valor de los daños:
El costo de la recuperación no equivale al valor de las pérdidas, pues no se trata solo de reponer lo que había, sino de incorporar los proyectos de desarrollo que deben implementarse a nivel local y regional: Defensoría
La organización Dejusticia también pidió precisiones al respecto. A su juicio, hoy hay incertidumbre sobre el costo efectivo de la emergencia.
“En realidad no hay una cifra clara sobre el costo de la emergencia en los departamentos cobijados por la declaratoria de emergencia. Hace falta un análisis que permita distinguir qué parte de esa necesidad exige, departamento por departamento y medida por medida, herramientas de rango legislativo y qué parte puede atenderse con cargo al Fondo y a las demás facultades ordinarias”, dijo Dejusticia. El reclamo parece clave, pues el pasado 23 de octubre, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, actualizó la cifra: dijo que solo la reconstrucción cuesta 54 billones. Esta postura aún no ha sido presentada a la Corte Constitucional.
¿Peligran las pensiones?
Uno de los decretos expedidos por el Gobierno, el 1412 de 2026, adicionó al presupuesto de rentas y apropiaciones de la vigencia 2026 la suma de 624.656.000.000 pesos para atender gastos asociados a las tareas de reconstrucción en la zona afectada por el terremoto. Esa plata cayó al Ministerio de Hacienda directamente y corresponde con la suma pactada en el marco del contrato de Empréstito Externo No. 9774-CO que esa cartera suscribió el 27 de junio de 2025 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Se trata de un préstamo en gestión del riesgo “con destino a financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional”.
“Esta adición hace parte de la asignación o transferencia del Presupuesto General de la Nación como fuente de recursos del Fondo Milagro y serán administrados como recursos monetarios por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con el fin de realizar las operaciones financieras autorizadas legalmente para el cumplimiento del objeto del Fondo”, dijo el Ministerio. El fondo fue creado por el decreto 1379 de 2026.
¿Por qué adicionar al presupuesto de 2026 y no incluirlo en las cuentas de 2027? Frente a esta pregunta de la Corte, el Ministerio dijo que lo extraordinario de la situación no permitía esperar los tiempos de la aprobación del presupuesto de 2027 en el Congreso. Sobre esta estrategia del Gobierno, la Corte se deberá pronunciar en su momento. Por ahora, está vigente.
Ahora, otro asunto importante es el decreto 1383 de 2026 relacionado con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, que tiene los recursos para que los departamentos, distritos y municipios cubran los pasivos pensionales de sus empleados. El decreto autoriza mover excedentes del sector salud para la recuperación de infraestructura de la red publica de IPS por cuenta del terremoto, dentro de unos plazos fijos.
¿De cuánto estamos hablando? El Ministerio de Hacienda dijo los recursos susceptibles de retiro ascienden aproximadamente a 683.000 millones de pesos. ¿Para qué? Con corte al 20 de octubre, el Ministerio de Salud reportó 683 sedes con daños en 16 departamentos y 260 municipios, de las cuales 479 requiere intervención inmediata por un valor estimado de 2.09 billones de pesos.
“De ellas, 388 requieren recursos de la Nación por $ 2.004.665.540.807; las 91restantes serán atendidas con recursos propios o territoriales, según lo reportado por las Secretarías de Salud”, dijo el Ministerio. Los daños se registraron especialmente en Valle, Chocó, Tolima, Risaralda y Quindío e implica infraestructura física y reposición de equipos biomédicos, entre otros.
Como se trata del Fondo de pensiones de las entidades territoriales, hay preocupaciones entre los ciudadanos. Por ejemplo, la Corporación Coordinadora Nacional de Pensiones y Personas Mayores le pidió a la Corte tumbar el decreto al estimar que usar esos recursos para obras públicas, así se cataloguen como excedentes, pone en riesgo la plata de las pensiones y desnaturaliza la función del Fondo, aún cuando se trate de algo loable como atender a los damnificados.
“Resulta jurídicamente injustificado desfinanciar el pasivo pensional futuro de los servidores públicos territoriales cuando el aparato estatal cuenta con donaciones vigentes, créditos de la banca multilateral ya preaprobados para desastres, y fondos específicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El Ejecutivo debió agotar de forma preferente e incorporar presupuestalmente dichos recursos solidarios privados, operando el decreto como una acción puramente supletoria y de última ratio, en lugar de desnaturalizar de forma primaria las rentas de destinación específica consagradas en la Carta Política”, indicó la corporación.
Estos son apenas algunos de los aspectos que deberá examinar la Corte Constitucional. El decreto matriz que declaró el estado de emergencia está en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, sobre el cual tanto la Procuraduría como diversas organizaciones de la sociedad civil ya pidieron su declaratoria de exequibilidad. Mientras el alto tribunal se pronuncia, las medidas siguen vigentes; una vez resuelto este punto, iniciará la revisión decreto por decreto. Entretanto, las gobernaciones aún están a tiempo de remitir sus estimaciones financieras a la Corte. La duda de fondo, en todo caso, es si existen los recursos fiscales para cubrir las pretensiones de cada departamento.