Las diferencias surgieron durante el seguimiento a las manifestaciones desde el Puesto de Mando Unificado de la Dirección Nacional de la Policía. La discusión se centró en la actuación de los uniformados frente a presuntos actos de vandalismo y en las denuncias por posibles excesos de fuerza.
La jornada del paro nacional, convocado por varias centrales obreras, estudiantes e integrantes del Pacto Histórico, con el respaldo del expresidente Gustavo Petro, fue monitoreada desde la sala de crisis de la Dirección Nacional de la Policía, en el occidente de Bogotá.
Desde las primeras horas de la mañana, representantes de la Presidencia de la República y de los ministerios del Interior y de Defensa se reunieron con integrantes de la cúpula militar y policial, así como con representantes de organismos judiciales. El objetivo era hacer seguimiento al desarrollo de las movilizaciones convocadas desde las nueve de la mañana en distintas ciudades y municipios del país.
Los asistentes observaron cerca de 15 pantallas conectadas a cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de los recorridos. La atención se concentró especialmente en lugares donde históricamente se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y unidades antidisturbios.
Durante la mañana, cientos de personas salieron a las calles con banderas, afiches y pancartas para rechazar las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella durante sus primeros dos meses de administración.
Hasta ese momento, el balance era favorable y no se habían registrado confrontaciones de consideración, según el reporte que se manejaba en la sala de crisis. Aunque las lluvias acompañaron las movilizaciones en algunas regiones, la jornada transcurría sin incidentes de mayor gravedad, mientras buena parte de los ciudadanos continuaba con sus actividades habituales.
En la sala también se hacía seguimiento a la primera prueba del Decreto 1525 de 2026, que, según el borrador, establece pautas para la intervención institucional durante marchas y concentraciones, con el propósito de garantizar el derecho al trabajo, la movilidad y la prestación de los servicios esenciales.
Sin embargo, el panorama cambió durante la tarde. En varias ciudades comenzaron a registrarse incidentes en los que algunas personas, con el rostro cubierto, habrían realizado grafitis en edificios públicos y protagonizado enfrentamientos con la Policía.
Primeras diferencias entre la Policía y la Defensoría
Hacia las cuatro de la tarde, la atención en la sala de crisis se concentró en las imágenes de lo que ocurría en la entrada de la Universidad de Antioquia, en Medellín. En las pantallas se observaba a varios jóvenes con el rostro cubierto que retiraban adoquines para lanzarlos contra integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), anteriormente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Ante el reporte de una posible alteración del orden público, el general Ricardo Alarcón, jefe nacional del Servicio de Policía, intervino para ordenar a las unidades desplegadas cerca del centro educativo que actuaran de inmediato.
Segundos después, las imágenes mostraron a los uniformados utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Según el relato, también se habría empleado un sistema de reconocimiento para identificar a las personas que intentaban enfrentarse con las autoridades.
Al observar el procedimiento, Linda Cabrera, directora nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, pidió la palabra para solicitar que se redujera la intensidad de la intervención policial. La funcionaria aseguró haber recibido reportes de los representantes de la entidad presentes en el lugar sobre presuntos excesos de fuerza contra algunos de los manifestantes.
El general Alarcón respondió que la Policía estaba cumpliendo las instrucciones del presidente De la Espriella: permitir las protestas pacíficas, pero impedir que se afectara la tranquilidad ciudadana mediante el bloqueo de vías.
Cabrera insistió en que seguía recibiendo denuncias sobre la actuación de los uniformados y advirtió que el procedimiento podía ocasionar lesiones a los jóvenes involucrados en los enfrentamientos.
En respaldo a su subalterno, el general Norberto Mujica, segundo al mando de la Policía, pidió intervenir. El oficial afirmó que los uniformados llevaban cerca de una hora dialogando con los manifestantes, pero que estos no mostraban intención de retirarse del lugar.
Mujica sostuvo que se habían agotado las medidas de diálogo para evitar una confrontación y aseguró que las autoridades habían identificado a personas que transportaban bolsas con explosivos. Esta última afirmación debe contrastarse con los reportes oficiales de la operación.
Después de varios minutos de discusión, y al considerar que la intervención policial continuaría, la representante de la Defensoría pidió que quedara consignado en el acta que la entidad no estaba de acuerdo con el procedimiento.
Un nuevo enfrentamiento por los grafitis
Cerca de una hora después, las cámaras de seguridad registraron otro incidente entre manifestantes e integrantes de la UNDMO. Según las imágenes descritas en el reporte, tres jóvenes se disponían a realizar grafitis en un edificio público.
El general Alarcón ordenó intervenir para impedir los daños a la edificación e identificar a los responsables de los hechos.
Los asistentes a la sala de crisis observaron la persecución de los jóvenes y la reacción de otras personas que intentaban evitar su captura.
Por los parlantes volvió a escucharse la voz de Cabrera, quien cuestionó la intensidad del procedimiento policial. La funcionaria sostuvo que se estaba utilizando fuerza excesiva contra jóvenes que, según su apreciación, solo pretendían pintar unas paredes.
Los mandos policiales respondieron que las instrucciones del Gobierno contemplaban medidas para evitar daños a los bienes públicos. También solicitaron al comandante del operativo que presentara un informe sobre lo sucedido.
Según la posición expuesta por los oficiales, las imágenes constituían evidencia de una posible infracción de las normas y justificaban la intervención de la Policía.
La representante de la Defensoría volvió a solicitar que su desacuerdo con la actuación de las autoridades quedara registrado en el acta de la reunión.
El ministro de Defensa intervino en la discusión
Al caer la noche, los enfrentamientos se trasladaron a Bogotá. En la sala de crisis se encontraba el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, acompañado por integrantes de la cúpula militar. Los funcionarios esperaban el último reporte de la jornada para informar al presidente y preparar el balance oficial.
Las cámaras mostraron a un grupo de jóvenes encapuchados que, según el reporte, se organizaban en la rotonda del sector de Las Aguas, en el centro de Bogotá. Las imágenes también mostraban a algunas personas retirando adoquines y lanzándolos contra los uniformados.
En la pantalla principal apareció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, quien informó sobre la situación en el centro de la ciudad.
Ante los incidentes, se impartió la orden de restablecer el orden público. Integrantes de la UNDMO comenzaron a utilizar gases lacrimógenos y, posteriormente, llegó un vehículo destinado a dispersar agua sobre los manifestantes.
Al considerar que podía haber excesos en el procedimiento, Cabrera volvió a pedir la palabra y solicitó escuchar un nuevo reporte del general Cristancho. La funcionaria insistió en que debía reducirse la intensidad de la intervención, debido al uso de gases y a la persecución de los jóvenes.
Como el comandante se encontraba atendiendo el operativo, no respondió de inmediato. La situación generó nuevos cuestionamientos de la representante de la Defensoría, quien pidió que se revisara la actuación de las autoridades.
Esta vez, la respuesta no provino de la Policía, sino del ministro de Defensa. Mora le pidió a la funcionaria que permitiera trabajar a los comandantes encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos y cuestionó que tuvieran que responder reiteradamente por las actuaciones que se estaban desarrollando en el terreno.
Tras la respuesta del ministro, la funcionaria prefirió no continuar la discusión.
El presidente recibió el balance de la jornada
Minutos después llegó a la sala de crisis el presidente Abelardo de la Espriella, quien escuchó el balance final y destacó el trabajo de la fuerza pública durante las manifestaciones.
En su intervención, el mandatario afirmó:
“Hoy trataron de medirnos el aceite y les mostramos de qué es capaz un Gobierno que está decidido a enfrentar el vandalismo y el terrorismo urbano. Tenemos que prepararnos porque esta será la primera de muchas. Intentarán desestabilizar al país, sumir a la nación en el caos, pero, gracias a Dios, Colombia cuenta con hombres y mujeres dispuestos a ofrendar su vida por defender la democracia, la libertad y la institucionalidad”.
La jornada dejó en evidencia las diferencias entre la Policía y la Defensoría del Pueblo sobre los procedimientos aplicados para controlar los disturbios. Mientras los mandos policiales defendieron las intervenciones como medidas para restablecer el orden y proteger los bienes públicos, la funcionaria de la Defensoría pidió revisar el uso de la fuerza y dejar constancia de las inconformidades de la entidad.
Para establecer el alcance de estas diferencias, será necesario contrastar los reportes operacionales, las denuncias recibidas por la Defensoría y las actas de la reunión, así como verificar si se abrieron investigaciones por los procedimientos cuestionados.