A finales de 2024, el gobierno intervino la Cooperativa Coosalud, una de las mayores del país, que controla varias empresas, entre ellas Coosalud EPS, con más de 3 millones de afiliados. Un año después, la EPS pasó de tener un patrimonio positivo a uno negativo de casi $4 billones. La Cooperativa enfrentaba embargos millonarios y, junto con cinco empresas vinculadas, acumulaba deudas con la Dian. Entretanto, una de sus compañías registró millonarios retiros en efectivo y pagos en un casino y un prostíbulo de Cartagena.
El 6 de noviembre de 2024, el presidente Gustavo Petro puso a Coosalud EPS, una de las mayores del país, en la mira del gobierno. En plena posesión de Giovanny Rubiano como superintendente de Salud salió a flote una grave denuncia: una red de EPS estaría desviando recursos públicos hacia paraísos fiscales. Tras poner la lupa sobre Coosalud, le dejaron clara la tarea al nuevo funcionario: «En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará».
Dieciséis días después, el 22 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud intervino Coosalud EPS, que atendía a más de 3 millones de afiliados. Un mes más tarde, la Superintendencia de la Economía Solidaria asumió el control de la Cooperativa Coosalud, principal accionista de la EPS y cabeza de una organización empresarial que controlaba nueve sociedades. Sus negocios abarcaban desde la prestación de servicios de salud hasta inversiones, construcción, viajes y confección de uniformes.
Dos años después, documentos en poder de CAMBIO revelan pagos con tarjetas corporativas de una de las empresas del grupo Coosalud, en un casino y un establecimiento para adultos de Cartagena. También muestran millonarios retiros en efectivo y contratos cuestionados en Soluinnova, otra sociedad vinculada a Coosalud.
Cómo nació Coosalud y cuál es su tamaño
En 1994, un grupo de habitantes del barrio El Pozón, en Cartagena, se organizó para conseguir atención médica para sus familias en situación de pobreza. El 20 de junio de ese año, 800 asociados firmaron el acta de constitución de Coosalud frente a la Terminal de Transportes. Su primer presidente fue Aniano Cantillo, un profesor que dictaba clases particulares de matemáticas y física.
Durante los años noventa llegó a la dirección Jaime González Montaño, quien impulsó la unión con cooperativas del Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Hoy, Coosalud cuenta con 5.000 asociados.
En 2017, la cooperativa separó su negocio de aseguramiento en salud y lo trasladó a una sociedad por acciones, Coosalud EPS, de la cual la cooperativa conservó la mayoría accionaria. La dimensión de su crecimiento quedó reflejada en el World Cooperative Monitor de 2025, que ubicó a Coosalud S. A. en el puesto 92 entre 300 grandes organizaciones cooperativas del mundo, en una clasificación que compara sus ingresos con el PIB por habitante de cada país.
La cooperativa controlaba un importante conglomerado empresarial. En 2024 era propietaria del 94,49 % de las acciones de Coosalud EPS, que prestaba servicios a más de 3 millones de afiliados en diferentes regiones del país. La cooperativa, por su parte, reportaba activos por $236.319 millones.
Sus empresas se dedican a diversos tipos de negocios. Inversa a las inversiones; Soluinnova, a la administración y adecuación de inmuebles; Portichelly, a la confección de uniformes; Alma Servicios, a labores administrativas, y Eventravels, al turismo. Coosaud también tiene acciones en otras sociedades del sector salud, entre ellas Serenity Company IPS, la Clínica Hemato-Oncológica Bonadonna, de Barranquilla, y en el hospital Bocagrande, en Cartagena.
Cuando la Superintendencia de la Economía Solidaria intervino la cooperativa, los agentes designados asumieron su representación y pudieron ejercer derechos de propietarios sobre las sociedades del grupo. Los interventores también asumieron el control de empresas como Portichelly y Soluinnova, en las que se registraron varias de las operaciones cuestionadas.
Los pagos en casinos y prostíbulos
El 23 de septiembre de 2025, mientras Coosalud permanecía bajo intervención del gobierno, una tarjeta corporativa de Inversiones Portichelly, empresa del grupo Coosalud, se usó para realizar cuatro pagos por $5millones en Texas Luxury Casino, ubicado en el barrio El Bosque, en Cartagena. Los extractos bancarios, conocidos por CAMBIO, registran dos operaciones de un millón de pesos cada una, una de 2 millones y otra de un millón.
Dos meses después, el 28 de noviembre, la cuenta de Portichelly registró dos pagos de $400.000 cada uno en El Paraíso del Marino, descrito en el informe de hallazgos como un prostíbulo ubicado en el barrio Vista Hermosa de Cartagena.
Pero los movimientos no se quedaron solo en esos establecimientos. Entre agosto y diciembre de 2025, de la cuenta de Portichelly salieron más de $56 millones en efectivo a través de cajeros. El caso más llamativo ocurrió el 25 de septiembre —apenas dos días después de los pagos en el casino—, cuando se retiraron $14,6 millones en una sola operación.
Durante ese periodo, el interventor Andrés Felipe Arango Romero, designado por la Superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, administró la Cooperativa Coosalud. Arango fue quien nombró a Jhonathan Mauricio Ortiz representante legal de Portichelly.
La conexión con ‘la Coco’
El 20 de agosto pasado, CAMBIO publicó la investigación ‘La Coco, una de las mariposas amarillas, y su cercanía con un billonario negocio de la salud’. En ella se reveló la supuesta cercanía entre la superintendente María José Navarro y María Masip Zawady, señalada como integrante de las llamadas «mariposas amarillas», un grupo de mujeres cercanas al expresidente Petro. El artículo también reveló que Arango Romero presentó una lista única para elegir la junta directiva de Coosalud Inversa, en la que figuraban Jhonathan Mauricio Ortiz, representante legal de Portichelly, y la periodista Martha Elena Zawady, prima de la Coo.
Contratos de obra por casi $1.000 millones
Uno de los contratos más llamativos fue suscrito en Soluinnova, otra empresa del grupo Coosalud. Los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2025, durante la administración de Solange del Socorro Ariza Guerrero, quien había sido designada por el gobierno como interventora de la cooperativa.
En ese momento, el representante legal de Soluinnova era Sixto Andrés Fernández Casas y, como suplente, a Alejandro González Pérez. Soluinnova celebró dos contratos de obra por $972 con Transsem. Lo llamativo es que González Pérez, que figuraba como suplente en la empresa contratante, era a su vez el representante legal de Transsem, la empresa contratista. Además, González Pérez tenía otro contrato con Soluinnova como auxiliar jurídico, con honorarios pactados de $3 millones mensuales.
Por los dos contratos, Soluinnova registró anticipos por $399 millones. De ellos, $299 millones se transfirieron mediante operaciones bancarias y otros $100 millones fueron retirados en efectivo el 7 de mayo de 2025. Durante el empalme no se han encontrado documentos que respalden la entrega de esos $100 millones a Transsem ni actas que acrediten avances o la terminación de las obras.
También hubo contratación sospechosa en asesorías jurídicas. Durante la intervención, la cooperativa contrató a Alianza Gesa, WISS Consultoría Jurídica y Undejur por un total de $3.629 millones. Las tres firmas fueron contratadas para cumplir funciones similares.
Embargos, deudas y millonarios gastos de administración
El pasado 26 de agosto , el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó devolver la administración de la Cooperativa Coosalud a sus asociados, al considerar que la Superintendencia de la Economía Solidaria no había justificado lo suficiente la prolongación de la intervención.
El 31 de agosto, la Asamblea General de Delegados asumió la dirección transitoria y designó a Jorge Luis Torrecilla Benavides para recibir la entidad. Durante ese proceso, la administración que regresó a manos de los asociados encontró 26 embargos judiciales sobre cuentas de la cooperativa por $16.272 millones. También identificó diferencias por $7.479 millones entre los saldos bancarios y los registros contables, que estaban pendientes de aclaración.
Según los reportes de la Dian de septiembre de 2026, la cooperativa y cinco empresas vinculadas acumulaban deudas de impuestos por $5.041 millones. Parte de esas obligaciones correspondía a impuestos de años anteriores a la intervención, pero también había deudas de 2025 y 2026, cuando las sociedades estaban bajo el control de los administradores designados por el Gobierno.
Durante el empalme también se identificaron pagos por $1.450 millones realizados en agosto de 2026 a empresas cuyos contratos no fueron encontrados. Para entonces, los gastos por honorarios y asesorías externas vigentes ascendían a por lo menos $594 millones mensuales.
La EPS pasó de un patrimonio positivo a uno negativo de casi $4 billones
La situación financiera de Coosalud EPS, intervenida por separado por la Superintendencia Nacional de Salud, también tuvo un deterioro inocultable. En octubre de 2024, un mes antes de la intervención, reportaba un patrimonio positivo de $290.183 millones. Un año después, durante la intervención, el déficit patrimonial alcanzó los $3,7 billones.
Las dificultades también se reflejaron en la atención de los afiliados. Según el informe comparativo sobre la EPS, los reclamos por procedimientos quirúrgicos pasaron de 2.896 antes de la intervención a 7.647 durante la medida, un aumento del 164 por ciento. Las acciones de tutela para reclamar atención médica aumentaron un 20 %, al pasar de 16.845 en 2024 a 20.194 en 2025.
Aunque Coosalud ya tenía problemas antes de la intervención, como demoras en los tratamientos contra el cáncer, dificultades en la entrega de medicamentos y fallas en la atención materna, su situación no era especialmente grave. Antes de la intervención, Coosalud EPS no registraba un nivel de reclamaciones superior al promedio nacional. Según un informe de la propia SuperSalud, publicado el 15 de enero de 2025, la entidad acumulaba 225 reclamos por cada 10.000 afiliados, frente a un promedio nacional de 322. Es decir, casi un 30 % menos que otras EPS.
Sin embargo, la medida del gobierno, que tenía precisamente el propósito de corregir esas deficiencias y recuperar la estabilidad financiera de la EPS, fue peor que la enfermedad.
La administración que retomó el control de la Cooperativa Coosalud tras el fallo judicial apenas comienza a descubrir el contenido de esta caja de Pandora. Los hallazgos conocidos hasta ahora podrían dar lugar a numerosas acciones penales y civiles para establecer responsabilidades por el manejo de recursos de empresas pertenecientes a una cooperativa fundada por familias humildes de Cartagena, parte de los cuales terminó gastándose en casinos y establecimientos nocturnos, lejos del propósito social que dio origen a Coosalud.