La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cambia de magistrados esta semana tras sus primeros ocho años de funcionamiento. Las investigaciones contra Armando Benedetti fueron el foco de fuertes disputas públicas, tanto por sus airadas reacciones, como por diferencias internas entre magistrados. ¿Qué sigue ahora
Un aparente enriquecimiento ilícito de casi 3.000 millones de pesos ha sido el centro de una investigación en contra del exsenador y exministro Armando Benedetti desde marzo de 2021, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura del caso. Desde entonces, el expediente fue objeto de una fuerte controversia tanto por la defensa férrea de Benedetti como por reclamos entre los magistrados.
¿Qué ha pasado en este y los otros procesos que enfrenta Benedetti? Esta semana terminaron sus periodos los primeros magistrados de la Sala de Instrucción, creada en 2018 con el único objetivo de investigar a congresistas y asumirán los juristas que deberán seguir con esa tarea por los próximos ocho años. No es solo el momento para balances, sino también para un nuevo aire, luego que el país viera a una Sala que además de resultados también entregó polémicas.
El expediente y la pelea entre Lombana y Reyes
El expediente por presunto enriquecimiento ilícito estuvo en indagación previa desde el 3 de septiembre de 2020 hasta el 11 marzo de 2021, día en que la magistrada Cristina Lombana Velásquez abrió la investigación formal y llamó a Benedetti a indagatoria.
El caso se centró en un estudio patrimonial, financiero y económico de policía judicial que señala que Benedetti tendría por justificar 2.919.809.505 pesos. De estos, caso 600 millones serían por abonos a su cuenta que no tendrían relación con su sueldo de congresista, casi 994 millones de pagos por tarjetas de crédito sin justificar, 780 millones de giros realizados por Elsy Pinzón a nombre de Benedetti, y dos pagos por dos apartamentos que suman casi 600 millones.
Benedetti desde el comienzo negó todo, asegurando que el informe que cuenta entre 2022 y 2018 tenía vicios, afirmando que la compra de los apartamentos está justificada y que los giros al exterior corresponden al envío de dinero por manutención de su hijo, entre otros. También ha dicho que ese informe no tuvo en cuenta préstamos a bancos por 840 millones, los recursos recibidos por reposición de votos y el arriendo de propiedades, entre otros.
Benedetti se defendió: presentó una recusación contra la magistrada Lombana diciendo que fue negada en junio de 2021 y rindió indagatoria el 29 de junio. La investigación siguió y en julio de 2022 se presentó otra recusación que le correspondió estudiar al magistrado César Reyes.
Reyes presentó su ponencia para ser discutida en Sala el 25 de agosto de 2022. Días antes, Benedetti fue nombrado por Gustavo Petro como embajador en Venezuela y, por ello, optó por enviar el caso a la fiscalía general, entidad que investiga a los embajadores. La Fiscalía entonces siguió con la investigación en el despacho de Gabriel Jaimes, recordado por ser el fiscal que pidió la preclusión a favor de Álvaro Uribe en el caso de fraude procesal y soborno.
Pero Lombana no se quedó quieta: molesta por la decisión de Reyes de enviar el caso a la Fiscalía y, en un hecho inédito, pidió que le devolvieran el expediente. Solicitó una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá para dar sus argumentos, la cual fue negada por improcedente.
Luego, en junio de 2023, la magistrada incurrió en otro hecho polémico, que fue cuestionado en su momento: usando como pretexto otra investigación contra Benedetti, Lombana hizo una inspección judicial al expediente por enriquecimiento que tenía el fiscal Jaimes e hizo una valoración de su trabajo, cuestionando decisiones tomadas, revisiones de pruebas, diciendo incluso que Jaimes incurrió en irregularidades que se habrían evitado con una simple búsqueda en internet. Por ello, pidió a la Comisión de Disciplina Judicial investigar a Jaimes.
Luego, Benedetti renunció a la embajada en Venezuela y la Fiscalía devolvió el caso a la Corte el 24 de julio de 2023. El 15 de agosto de ese año, la defensa de Bendetti volvió a recusar a la magistrada Lombana y la Sala de Instrucción, por mayoría, accedió a ella el 19 de octubre de 2023 y le quitó el caso a la jurista. El expediente, entonces, quedó en manos del magistrado César Reyes desde el 10 de noviembre de ese año.
Benedetti fue nombrado embajador de Colombia ante la FAO el 6 de febrero de 2024. Así, el 13 de febrero, el magistrado Reyes dijo que no tenía competencia para seguir con el caso y lo envió a la Fiscalía. Pero el 18 de abril de 2024, la Fiscalía dijo que el caso debía seguir en la Corte y, finalmente, fue la Sala Plena de la Corte Suprema la que definió el 28 de mayo de 2024 que el caso por enriquecimiento se quedaba definitivamente en la Sala de Instrucción y en el despacho de Reyes.
El 4 de octubre de 2024, la presidencia de la Sala Penal de la Corte rechazó por improcedente una petición que presentó la magistrada Lombana para conocer este caso, alegando que tenía relación con otro expediente que ella estaba investigando. La investigación siguió y la Sala definió la situación jurídica de Benedetti el 4 de diciembre de 2025, ordenando seguir la investigación en su contra, con el exministro en libertad, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Esa decisión quedó en firme el 16 de diciembre de 2025 y el 6 de mayo de 2026 se ordenaron nuevas pruebas y se “ordenó conexar” a este caso, el expediente 51.437 que también estaba en el despacho de la magistrada Lombana.
El allanamiento, Euclides Torres y más polémicas
El proceso por enriquecimiento (radicado 00327), ahora suma otros hechos que estaban inicialmente el radicado 51.437, un expediente que reúne múltiples asuntos denunciados por el abogado Jaime Lombana.
En junio de 2024, la magistrada Lombana abrió investigación formal contra Benedetti por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito, contados desde enero de 2019. También son investigados los excongresistas Tatiana Cabello Flórez y Efraín Torres Monsalve.
Este expediente examina las gestiones que habrían hecho los tres congresistas desde 2010 para supuestamente beneficiara la empresa Simetric S.A., de Euclides Torres, con la aprobación de una ley que implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas que finalmente se aprobó en 2012. En este expediente se detalla que Benedetti adquirió una casa en la urbanización Pradomar en Puerto Colombia, Atlántico, por 3.694 millones de pesos, que Euclides Torres le habría prestado.
Fue en el marco de este expediente que la magistrada Lombana lideró personalmente un allanamiento a una propiedad vinculada al exministro. No se trató de la casa de la urbanización Pradomar, sino de una mansión ubicada en Cuajaral, que los Benedetti tienen en arriendo y que anteriormente fue habitada por el empresario Ricardo Leyva, según reveló Camilo Enciso en CAMBIO. El operativo se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2025.
La diligencia se hizo con personal de la Dijín, de la Sijín y del Goes y, según denunció Benedetti, hubo irregularidades porque se intentó acceder al celular de su pareja, Adelina Guerrero, quien es una particular sobre quien la Corte no tiene competencia para investigar. El allanamiento generó múltiples críticas a la magistrada Lombana, pero también a Benedetti que reaccionó con insultos injustificables y ahora hay una investigación disciplinaria en la Procuraduría por este hecho.
En este expediente también se han presentado múltiples recusaciones y hasta tutelas. Finalmente, el 9 de abril de 2026, la Sala de Instrucción optó por retirar a la magistrada Lombana de cuatro procesos, incluido este. Esa decisión se tomó con ponencia del magistrado César Reyes y por mayoría: sólo salvó voto el magistrado Héctor Alarcón.
Toda esta cronología demuestra cómo el caso de enriquecimiento ilícito lleva más de cinco años en la Corte, todavía en fase de investigación y en recolección de pruebas y entre polémicas y trámites administrativos. Será la nueva magistrada Susana Quiroz Hernández la que siga este expediente para que se defina si hay mérito para llevar a juicio o no a Benedetti. La pregunta es; ¿cuánto va a tardar terminar la investigación?
Los otros casos que aún no tienen decisión de fondo
Uno de estos casos remonta a 2010, cuando Benedetti era senador, por presuntos hechos de corrupción registrados entre 2009 y 2011 vinculados a reclamaciones pensionales de docentes del departamento de Córdoba que habrían sido resueltas ilegalmente en despachos judiciales de ese departamento y en las que habrían mediado intereses de abogados. La denuncia de Jaime Lombana dice que Benedetti habría hecho exigencias a la Fiduprevisora para lograr los pagos.
Otro caso en investigación tiene que ver con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro hecho que se deriva de una declaración dada por el mismo Benedetti. Según el exministro, él ayudó a conseguir 15.000 millones de pesos para la campaña.
Otro expediente en investigación tiene que ver con una supuesta compra de votos en Maicao, La Guajira, que se deriva de las pruebas que la Corte encontró en otro expediente contra Eduardo Pulgar. Allí se hallaron interceptaciones entre Simón López Martínez, Ades Aramendis, Luis Antolinez y un hombre conocido con el alias de Pito. En una de las llamadas, López dice: “el man (Pulgar) me llamó agradeciendo de todo lo que hicimos; a nosotros nos dieron recursos y Benedetti se gastó acá en Maicao tres veces lo que nos dieron a nosotros”.
Mientras esos expedientes están todavía en investigación, Benedetti además enfrenta un juicio por por el escándalo de Fonade. Este caso remonta a 2016 cuando Benedetti era senador e integrante del Partido de la U habría requerido a Jorge Iván Henao Ordóñez, entonces asesor de gerencia de Fonade, que la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara S.A., se beneficiara con un contrato.