CAMBIO habló con el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella, el escándalo de la UNGRD, el rol de la fiscal Camargo, el presupuesto de la Rama Judicial y el recorte para el de la JEP, así como de las polémicas en la Sala dedicada a investigar congresistas.
En diálogo con CAMBIO, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis, habló de la relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella, las preocupaciones sobre el presupuesto para la Rama Judicial en 2027 y se refirió a las quejas de varios sectores contra las Cortes por no haber hecho un respaldo público a la JEP. Lenis también habló sobre las polémicas alrededor de la sala dedicada a investigar congresistas, del aterrizaje en el Gobierno de la ahora exmagistrada Cristina Lombana, así como del caso de la UNGRD, la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, de los cuestionamientos al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y de la libertad de Iván Name y Andrés Calle.
CAMBIO: Van casi tres meses del gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo ha cambiado la relación con el Ejecutivo?
Iván Mauricio Lenis: Más que hablar en términos de cambio de relación de un gobierno a otro, los jueces tenemos un rol particular en una democracia y en un Estado Social de Derecho: el de equilibrio de poderes y de garantía de derechos y libertades. Eso lo haremos siempre, con independencia de quién esté en el Gobierno. Hemos entendido que debemos trabajar por una relación armónica y respetuosa con los distintos poderes públicos, en la que cada uno pueda ejercer sus competencias con independencia, dentro del marco que da la Constitución.
CAMBIO: ¿De qué hablaron en las reuniones con el presidente?
I.M.L.: De que haya un diálogo armónico y respetuoso entre los poderes públicos. Se habló de que, aun si tenemos diferencias, se mantenga ese diálogo respetuoso. Lo importante es que los poderes puedan cumplir sus competencias y que la justicia pueda operar.
CAMBIO: Fueron cuatro años de tensiones entre el presidente Petro y la Rama Judicial, que en algún momento se percibieron casi como un riesgo para la independencia judicial. ¿Ese riesgo cesó?
I.M.L.: Nosotros siempre mantuvimos la idea de una relación armónica y respetuosa, aun en el marco de la diferencia. Cierto es que en el anterior gobierno hubo dificultades en ese relacionamiento, pero seguimos cumpliendo nuestras funciones dentro de las competencias que nos da la Constitución.
CAMBIO: El país dejó de hablar de reformar la Constitución, aunque algunos sectores no lo descartan. ¿Qué mensaje tiene?
I.M.L.: La Constitución es un instrumento fundamental, porque establece unas reglas comunes para vivir, aun en la diferencia, y para tener una convivencia pacífica. La Constitución del 91 es uno de los logros más importantes en la historia de este país. Surgió en un momento muy coyuntural y sigue vigente. Se ha venido materializando, tal vez no al ritmo que se quisiera, y hay que seguir trabajando para que el Estado Social de Derecho y los principios y derechos que contiene sean una realidad. La misma Constitución establece los mecanismos para reformarla. De hecho, le han hecho múltiples e importantes reformas en estos 35 años y eso puede seguir así, sin necesidad de sustituirla.
La Constitución no es enemiga de la democracia, como a veces la presentan algunas narrativas. Sigue siendo el acuerdo fundamental de nuestro país. La Constitución no es el obstáculo frente a los problemas que tenemos. Debemos avanzar en materializarla.
CAMBIO: El tema crucial para la Rama Judicial es el presupuesto. La Rama pidió $17,5 billones y el proyecto contempla $11,4 billones: una brecha de $6,1 billones. ¿Qué les han dicho los ministros de Hacienda y de Justicia
I.M.L.: Hay varias realidades que debemos tener presentes. La primera, que hay problema fiscal real que implica que el Estado deba hacer ajustes. La segunda, que el terremoto y los incendios del último mes agravaron la situación, ya que se van a necesitar recursos para la reconstrucción de las regiones afectadas.
La Rama no presentó una cifra específica de lo que requiere para este año, sino que lleva unos presupuestos históricos de lo que necesita para operar. En las reuniones planteamos que somos conscientes de las dificultades pero que esperamos que, al menos, todas las jurisdicciones, todas las cortes, tengan los recursos mínimos para funcionar. Esto fue muy bien recibido. No hablamos de ningún monto en particular. También nos reunimos con los presidentes de las comisiones económicas de Cámara y Senado y las discusiones continúan.
Esperamos que lo que finalmente se apruebe nos permita seguir funcionando para mantener el acceso a la justicia que es un servicio público fundamental.
CAMBIO: Si se aprueban solo los $11,4 billones del proyecto, ¿qué se vería más afectado?
I.M.L.: No tendríamos los recursos para hacer mayor presencia en los territorios. Veníamos con un plan de fortalecimiento de jueces de base en las regiones —jueces municipales y del circuito en distintas áreas del derecho—. Y los planes de inversión de la Rama, en infraestructura y mejoramiento, no podrán desarrollarse por lo menos este año. Hablamos de tema de personal y de infraestructura: toda la inversión quedaría estancada al menos por este año.
CAMBIO: ¿Cree que se podría aumentar esa base?
I.M.L.: Le insisto: no pedimos una cifra concreta, porque entendemos la realidad del país. Presentamos un presupuesto y señalamos qué rubros serían importantes para el funcionamiento mínimo de la Rama Judicial.
CAMBIO: ¿Aceptarían la propuesta del presidente de que los recursos que no se le quieren dar a la JEP lleguen a la Rama
I.M.L.: Esperamos que todas las jurisdicciones tengan los recursos mínimos necesarios para desempeñar sus funciones. Y, por supuesto, eso, incluye a la JEP.
CAMBIO: ¿Por qué las cortes no han hecho un pronunciamiento público en defensa de la JEP, ahora que quieren recortar su presupuesto y se cuestiona su legitimidad?
I.M.L.: En este tipo de situaciones que pueden generar distintas visiones, hay que tener mucha prudencia institucional. Hemos tenido conversaciones no solo sobre el presupuesto, sino sobre la importancia de que la JEP pueda cumplir su periodo y desarrollar sus actividades.
Lo hemos hablado con el Gobierno, con funcionarios, en el Congreso, con la misma JEP y en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Hemos abordado estas discusiones de manera interna y con los hacedores de política pública y no consideramos necesario que eso tuviera visibilidad.
CAMBIO: ¿Qué se trató sobre la JEP en la Comisión Interinstitucional?
I.M.L.: La Jurisdicción Especial para la Paz es un compromiso de Estado, que está en la Constitución, y al margen de críticas, comentarios o visiones distintas, lo importante es que ese compromiso y esas normas constitucionales se cumplan.
Ojalá en el tiempo que le queda la JEP pueda cumplir sus propósitos. Este año, por ejemplo, deben cerrar los macrocasos. Sería muy importante que aprovechen este espacio para consolidar lo que está pendiente. El mismo Gobierno ha reconocido que le interesa que la JEP cumpla su plazo y que no hay ningún interés en recortarlo.
CAMBIO: ¿La decisión del Gobierno sobre el presupuesto de la JEP es un recorte político?
I.M.L.: Eso no me corresponde analizarlo. Entiendo que la realidad del presupuesto es compleja, que el terremoto la volvió mucho más compleja y que todas las instituciones van a tener un recorte. Lo importante es que el presupuesto que finalmente se asigne, y que pasa por aprobación del Congreso, nos permita a todas las jurisdicciones desarrollar nuestras actividades.
CAMBIO: El Gobierno está variando su discurso internacional. Ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se desmarcó del término de “salud y derechos sexuales y reproductivos” y limitó el concepto de “género” a una visión binaria. Eso ha generado preocupación sobre la política pública de la diversidad. Usted, como cabeza de una Corte que se pronuncia sobre estos temas, ¿qué opina
I.M.L.: El Gobierno es el responsable de las relaciones internacionales y de las posiciones que se exponen ante los organismos multilaterales. Confío en que cualquier posición que tenga al respecto la asuma con responsabilidad y con claridad sobre las consecuencias que implica en la geopolítica internacional. Puedo decir que, en lo interno, el papel de los jueces es garantizar los derechos y las libertades de las personas. Las mayorías en una democracia pueden cambiar cada cuatro, cinco o seis años, según el país, pero los derechos fundamentales no están sometidos a esa lógica ni a esa aritmética.
El papel de los jueces, independientemente del gobierno de turno o de las mayorías, es defender y garantizar que esos derechos se cumplan. En el ámbito interno existe una legislación y una jurisprudencia robusta que protegen esos derechos y eso es lo que seguiremos aplicando.
CAMBIO: Ahora el Gobierno habla solo de «niñez» y ya no de «niñas, niños y adolescentes». ¿Puede la ciudadanía estar tranquila de que sus jueces incluirán a las niñas?
I.M.L.: Completamente, en el mismo sentido de la respuesta anterior. El Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, se refiere a las niñas no para plantear un problema gramatical ni para desafiar la lengua castellana, sino para reconocerlas como sujetos de derechos. En nuestro ordenamiento, con base en la legislación y la jurisprudencia, las niñas son sujetos de derechos y en nada cambia eso una expresión de lenguaje que plantee el gobierno de turno. Ese asunto no va a afectar el reconocimiento y la garantía de los derechos de todos.
Entre las peleas de Cristina Lombana y su nuevo cargo en el Gobierno
CAMBIO: Terminan sus periodos los magistrados de la Sala que investiga a congresistas. Cristina Lombana pasa de allí a la Secretaría de Transparencia. ¿Cómo ve esa puerta giratoria
I.M.L.: El presidente de la República es autónomo para designar a las personas que considere en los cargos que le corresponden. Es un asunto que compete exclusivamente al Gobierno, no a los jueces.
No tengo nada que agregar a ese nombramiento.
CAMBIO: ¿Deberían los magistrados tener una inhabilidad adicional a la de no litigar durante dos años? Una cosa es que Margarita Cabello saliera de la Sala Civil a un ministerio, y otra que una magistrada que hacía instrucción, con acceso a información reservada, pase a la Secretaría de Transparencia…
I.M.L.: Nosotros tenemos una inhabilidad para algunas actuaciones en el ejercicio de nuestra profesión una vez dejamos la magistratura. Si lo que usted plantea es una inhabilidad mayor para que no se pueda ocupar un cargo en el Gobierno o desarrollar algún otro trabajo, eso tendría que plantearse en una reforma.
CAMBIO: ¿Qué balance hace de los primeros ocho años de la Sala de Instrucción? Fue una sala que tomó decisiones relevantes, pero también envuelta en polémicas internas, en las que la ciudadanía vio a sus magistrados se dedicaron a denunciarse entre sí.
I.M.L.: Es cierto que la ciudadanía evidenció dificultades internas entre algunos magistrados. Pero, como usted misma lo indica, lo importante es que esa sala trabajó y produjo decisiones muy relevantes en delitos de gran interés para el país, como en casos de corrupción que ahora están en juicio. Fue una sala que le cumplió al país y ahora arranca una segunda etapa y esperamos que tenga los mismos o mejores resultados en los ocho años de magistratura que vienen.
En los cuerpos colegiados pueden presentarse dificultades entre las personas que los integran. Pero esas dificultades no trascendieron al trabajo cotidiano de la sala, que es lo importante. También es cierto que en algunos momentos se activó el Comité de Convivencia de la Corte que para eso está.
CAMBIO: ¿Hace falta reformar el diseño de la Sala de Instrucción? Algunos expertos consideran que el magistrado que acusa debería poder sustentar esa decisión en el juicio…
I.M.L.: Eso se ha discutido. En ese sistema pasa lo siguiente: cuando la Sala de Instrucción acusa ante la Sala de Primera Instancia no hay quien sostenga esa acusación. Se ha pensado que sería importante una reforma al diseño de la Sala, para que funcionen como jueces instructores independientes que sostengan la acusación ante la Sala de Primera Instancia. Creo que en la reforma que se está pensando al sistema penal esa posibilidad al menos se va a considerar. No sabemos si será aprobada, pero sí se ha pensado.
CAMBIO.: ¿Dónde se ha discutido?
I.M.L.: En la Sala Penal se ha discutido y tendría respaldo de la Sala Plena.
CAMBIO: Cumplió sus primeros ocho años la Sala de Primera Instancia: tres magistrados que hacen audiencias de juicio todos los días y que duraron años sin un lugar para hacer esas audiencias…
I.M.L.: Ha sido una primera etapa de implementación en la que se han aprendido y mejorado muchas cosas. Otra reforma que se ha estudiado considera fundamental crear otra sala: parece ser que una sola sala para todo lo que recibe se queda corta y puede haber congestión judicial. Esa sería la reforma más importante para pensar, a fin de que su labor sea más eficaz.
«La Fiscalía hizo un trabajo importante en el caso de la UNGRD»: Lenis
CAMBIO: Iván Name y Andrés Calle quedaron en libertad por vencimiento de términos, cosa que uno no esperaría que ocurriera en la Corte. ¿Qué le dice a la gente sobre este caso?
I.M.L.: Nuestro derecho penal es liberal, con garantías en beneficio de quienes están siendo investigados. Una de las garantías fundamentales señala que las decisiones, en cada etapa del proceso penal, deben adoptarse dentro de un tiempo razonable. Es un concepto constitucional, legal, que está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que hacemos parte. En este caso no se alcanzaron a desarrollar algunas actuaciones dentro de ese plazo y ellos quedan en libertad. Pero eso no implica que hayan sido absueltos.
El juicio continúa y lo van a afrontar en libertad. Lo importante ahora es que el proceso concluya y que se tomen las decisiones a que haya lugar, sean condenatorias o no.
CAMBIO: El caso de la UNGRD es probablemente uno de los más importantes del momento. Mis compañeros en CAMBIO han revelado comunicaciones que la Fiscalía no tuvo en cuenta que mencionan al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. ¿Esos señalamientos ameritarían que el magistrado de un paso al costado?
I.M.L.: Como presidente de la Corte Suprema de Justicia debo ser respetuoso de las demás instituciones. Entiendo que hay situaciones que han sido conocidas por los medios de comunicación y que se han presentado denuncias. Lo que importa es que esas denuncias sigan su camino, que se esclarezcan, y que se respeten las garantías judiciales de nuestro sistema penal: el juez natural, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Cuando termine el proceso sabremos qué pudo haber pasado. El juez natural de un magistrado es la Comisión de Acusación y tendríamos que esperar que allí se adelanten las investigaciones pertinentes.
CAMBIO: ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo de la fiscal general, Luz Adriana Camacho?
I.M.L.: Con ella tenemos un buen relacionamiento. En ocasiones ella conversa con la Sala Penal, en ocasiones conmigo, sobre situaciones institucionales. La doctora Camargo ha venido cumpliendo con su trabajo en distintos temas. La Fiscalía ha desarrollado una buena labor en algunos casos de corrupción y en delitos de impacto nacional que preocupan a la comunidad.
CAMBIO.: ¿Y sobre las críticas a su gestión en el caso UNGRD?
I.M.L.: Al margen de las críticas, lo importante son los resultados. La Fiscalía hizo un trabajo importante en el caso de la UNGRD y ha develado una situación compleja de delitos, así como en el caso del Fondo Mixto de la Sierra Nevada. La justicia necesita tiempo para hacer su labor: para investigar, confrontar pruebas, verificar, revisar hipótesis y llegar a una conclusión. Pero finalmente los resultados los estamos viendo.
CAMBIO: ¿La investigación en Colombia depende mucho de beneficios, de principios de oportunidad o preacuerdos?
I.M.L.: Es muy importante lo que pregunta. La Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia de la época, presentó un proyecto que hoy es la Ley 2477 de 2025, para dar a fiscales y jueces mayores herramientas para preacuerdos, allanamientos a cargos, principios de oportunidad y reparación integral. Esa ley está dando muy buenos resultados y ha llevado a cambiar el ‘chip’ de que la Fiscalía solo hace una buena labor si lleva a juicio a todas las personas.
La Fiscalía puede ser igualmente eficaz si se produce un preacuerdo, un principio de oportunidad o un allanamiento de cargos.
Esa ley incluso puede ayudar con uno de los grandes problemas de la justicia: la congestión judicial. Por eso hemos insistido en que se potencie: hoy la ley tiene restricciones para algunos delitos y sería bueno que se permita la terminación anticipada de los procesos en todos los delitos o al menos en más de los que hoy permite.
CAMBIO: Con el caso UNGRD surgió la preocupación de que los procesados se aprovechen de esas figuras y que la Fiscalía termine investigando solo lo que ellos entregan…
I.M.L.: No necesariamente. En Estados Unidos, sin que sea una cifra exacta, la mayoría de los procesos penales terminan en preacuerdos: solo cerca del 20 por ciento va a juicio. Aquí es a la inversa: casi todo termina en juicio y hay pocos preacuerdos. Tenemos que cambiar la mentalidad. La Fiscalía es igualmente eficaz si su investigación y sus pruebas son tan contundentes que la persona decide allanarse, hacer un preacuerdo o pedir un principio de oportunidad. Eso sería una justicia más eficaz.