En entrevista con CAMBIO, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, alertó que un recorte presupuestal del Gobierno le impediría al tribunal cerrar la mayoría de sus macrocasos antes del plazo límite de marzo de 2028. Detalles de su advertencia y del llamado al presidente.
En las últimas semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha vivido momentos críticos por cuenta de una propuesta de recorte presupuestal por 170.000 millones de pesos planteada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que encontró eco en la bancada oficialista del Congreso.
El recorte a la JEP fue la única proposición que contó con el respaldo del Ministerio de Hacienda, a cargo de Miguel Gómez Martínez, entre más de 600 propuestas con ajustes para otros sectores que se discutieron durante el primer debate.
Si la millonaria reducción que plantea el Ejecutivo para la JEP se aprueba en la ponencia de segundo debate, la entidad quedaría con 651.803 millones de pesos para la vigencia 2027, frente a un presupuesto que inicialmente se había proyectado en 821.803 millones.
El recorte afectaría el 82,34 por ciento del presupuesto para inversión y el 17,65 por ciento de los gastos de funcionamiento actuales. El secretario general de la JEP, Harvey Suárez, aseguró en entrevista con CAMBIO que la medida provocará una parálisis en la actividad judicial del tribunal y un consecuente incumplimiento de sus plazos, pues el rubro de inversión experimentaría una reducción de 81.298 millones de pesos.
El recorte afectaría el 82.34 por ciento del presupuesto para inversión y el 17.65 por ciento de los gastos de funcionamiento actuales. El secretario general de la JEP, Harvey Suárez, aseguró en entrevista con CAMBIO que el recorte provocará una parálisis en la actividad judicial del tribunal, y un consecuente incumplimiento de sus plazos, pues ese primer componente experimentaría una reducción de $81.298 millones de pesos.
CAMBIO entrevistó al secretario para entender por qué acudieron a la comunidad internacional para denunciar que la planteada reducción presupuestal es el «más grave ataque» que ha sufrido la jurisdicción en sus ocho años de vida.
CAMBIO: En las últimas horas, Humberto de la Calle le dijo a CAMBIO que la JEP debe hacer un esfuerzo de adelgazamiento en la actual coyuntura fiscal ¿Cómo reciben este comentario que viene de uno de los padres del acuerdo de paz?
Harvey Suárez: La JEP ha planteado un diálogo serio, estructurado, riguroso y contextualizado sobre el presupuesto, pero, sobre todo, sobre los resultados. Somos una entidad completamente abierta a la rendición de cuentas, estos son recursos públicos que deben ser escrutados y auditados. El presupuesto se ha planeado, año tras año, como lo exigen instancias técnicas como el DNP, con indicadores y en un proceso dirigido a los resultados. Y nos parece importante que no se desvinculen los resultados del presupuesto. pues el mismo contempla metas.
Sobre lo que opina el doctor Humberto de la Calle, no puedo hablar por él, esas son sus opiniones. Pero hemos asumido desde hace un rato largo, al menos desde 2024 y 2025, un proceso de recorte presupuestal dirigido a la optimización de nuestra capacidad instalada y nuestros recursos. Esto ha implicado, entre 2025 y 2026, un proceso cercano a los 23.000 millones de pesos de ahorros efectivos en la jurisdicción, entendiendo que pasamos por una restricción fiscal, un déficit que se ha agravado por la situación del terremoto.
Por ejemplo, en el registro de audiencias, logramos una reducción de 1.000 millones de pesos. En los procesos de aseguramiento y pólizas, 2.300 millones. También hemos ahorrado en tiquetes. De hecho, estos dos últimos años nuestro grupo de contratistas se redujo en más de 250 personas y somos la jurisdicción con mayor presencia territorial. Eso que se ve al final como un abrazo entre una víctima y un victimario es el resultado de cuatro o cinco años de trabajo de equipos que permiten que se logre esto y ¿Dónde se logra En el territorio. Somos conscientes de que debemos ser efectivos, de que tenemos que dar resultados y de que lo debemos hacer al menor costo posible sin deteriorar derechos y garantías procesales. Pero lo que no podemos castigar en una reducción son las garantías que permiten la validez y la legitimidad de las decisiones judiciales.
Lo hemos dicho, pero lo quiero reiterar. Investigamos como la Fiscalía, juzgamos como la Rama Judicial. Verificamos el cumplimiento de sentencias como jueces de ejecución de penas. Debemos ofrecer seguridad y protección a las víctimas y testigos intervinientes. Debemos garantizar representación jurídica, tanto defensa técnica como representación judicial a víctimas, y debemos brindar acompañamiento psicosocial. Somos seis entidades, al menos en una. Por eso la diversidad de rubros y la diversidad de cualificaciones que necesitamos.
CAMBIO: ¿Qué daños sufriría la JEP si el Congreso sólo le asigna un presupuesto de 651 mil millones, tal y como va el debate hoy?
H.S.: La estructura de funcionamiento judicial de la JEP depende de garantías que debemos brindarles a las víctimas, a los testigos, a los comparecientes y la participación de comunidades. Todo esto requiere recursos específicos que permitan que el proceso judicial sea consistente y que, al final, se puedan identificar las responsabilidades, el tipo de sanción o el mecanismo de definición de situación jurídica. Porque nuestra demanda de respuesta judicial es muy grande: son al menos 50 años de conflicto, más de 250 mil hechos que no han tenido nunca respuesta en la justicia ordinaria. Debemos retomarlos. Más de 18.000 comparecientes, más de 16.000 víctimas individuales, pues las colectivas llegan más allá de 650 mil.
Estos volúmenes tan grandes debemos tramitarlos en tiempos relativamente cortos, con mucha experticia y buscando resultados distintos a los de la justicia ordinaria. Si tuviéramos sanciones carcelarias, aquí sería otro el diálogo. Lo más parecido ha sido Justicia y Paz, que hizo un trabajo previo muy importante para nosotros, al igual que la justicia ordinaria de la Corte Suprema, pero nunca con los retos que debemos abordar con personas, con recursos y generando resultados.
CAMBIO: ¿Pero qué función se afectaría ¿La investigación de los jueces en los macrocasos?
H.S.: Sí, ahí está el problema de fondo, el núcleo de la preocupación, manifestada no sólo por la JEP, sino por organizaciones de representación judicial de víctimas, organizaciones internacionales y por el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. El recorte claramente desactivaría la actividad judicial de la JEP, paralizaría la actividad judicial de la JEP. Porque sin representación judicial, esto es, sin apoderados, sin abogados y abogadas para las víctimas ni para los comparecientes, no se puede adelantar la actividad judicial. Esto es quitarle los motores y la gasolina a la jurisdicción. No tendría cómo moverse, no tendría el impulso de los recursos, ni tendría actividad que desarrollar en muchos casos, porque, precisamente, en este momento se está cerrando la etapa de investigación de los 11 macrocasos y muchos de ellos no se podrían cerrar, seguramente casi que todos, algunos ya tienen unas decisiones, pero faltan otras decisiones judiciales de fondo.
Y el cumplimiento de las sanciones que, de aquí hasta el momento en que terminarían en 2033, no tendríamos cómo adelantar ese proceso porque faltaría la materia prima, la actividad judicial. Pero una actividad judicial que depende de estos servicios de apoyo a esa actividad, que los acabo de mencionar: representación judicial, defensa técnica, la realización de audiencias y diligencias, el respaldo en la grabación y la sistematización y la digitalización de esta información. Es decir, es muy transversal el impacto y deja a la jurisdicción con las manos amarradas.
CAMBIO: Las Salas de la JEP tienen, según la ley, una actividad investigativa que terminará en marzo de 2028. Pero antes de la discusión del presupuesto ya se habían cuestionado los retrasos. Si se mantiene el recorte, ¿quedarían procedimientos inconclusos de aquí a 2028?
H.S.: Claramente. Y te voy a dar un ejemplo que es muy diciente. La jurisdicción, hace menos de una semana, había logrado resolver la situación judicial de 1.070 integrantes de la fuerza pública que, después de haber pasado por todo el proceso en la jurisdicción durante años, salen con su situación jurídica resuelta. ¿Por qué? Porque realizaron los aportes de verdad. Los compromisos de reparación y restauración. Esto aplica para quienes no son máximos responsables que pueden llegar a ser unos 9.000. La gran mayoría son fuerza pública, que pueden llegar a ser unos 5.500, pero la cifra varía porque pueden llegar más personas que solicitan su entrada a la JEP. Y a la fecha íbamos en 1.070.
La programación de la jurisdicción es poderle resolver a esas, entre 9.000 y 10.000 personas, su situación jurídica de forma definitiva. ¿Esto qué significa Que cesa todo procedimiento de investigación y de persecución penal y que salen a la vida ordinaria, cotidiana, sin antecedentes penales. Con una segunda oportunidad que les ofrece el acuerdo de paz y el sistema. Pero, si los recursos no llegaran, no podríamos avanzar hacia la fase en la cual, lo que terminaría en la investigación, se volcaría con la capacidad instalada de los despachos, de los apoyos complementarios, a resolverle la situación a esos entre 9.000 y 10.000 comparecientes. Quedaría truncada esa posibilidad. Esto es un claro ejemplo de inseguridad jurídica.
CAMBIO: No queda claro. La situación de esas 10.000 personas debe resolverse de aquí a 2028, cuando terminan las investigaciones, o de aquí a 2033?
H.S.: Tanto la Unidad de Investigación y Acusación como la Sala de Reconocimiento deben cumplir con sus funciones en materia de investigación y acusación, a más tardar, en marzo del año 2028. Adicionalmente, el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo 34 de la Ley 1957 de 2019 establecen que, una vez expirado el plazo de 10 años anteriormente mencionado, la JEP tendrá “un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional”. Así pues, todas las demás salas y secciones de la JEP tendrán plazo para concluir sus funciones hasta marzo del año 2033. Ese es el plazo que tiene la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para definir la situación jurídica de los aproximadamente 9.000 partícipes no determinantes que comparecen todavía ante la JEP.
CAMBIO: Pero hay quienes dirían que ya han pasado ocho años y que falta menos de año y medio para que se cierre la actividad investigativa y que, en ese sentido, el retraso no sería culpa del recorte presupuestal…
H.S.: No. Estamos dentro de los términos que estableció el acuerdo. El acuerdo estableció 10 años para realizar la fase de investigación y se cumplen en 2028. Y estamos en la fase, en la etapa adecuada. Luego vendría el proceso de sanción, los juicios y la imposición de sanciones. De hecho, las primeras sentencias se anticiparon un año y medio al cierre de los primeros días. Lo ideal es que hubieran sido antes, pero recordemos aquí el tipo de investigación que realiza la JEP, que es de macrocriminalidad y macrovictimización, donde se recogieron expedientes que durmieron el sueño, no de los justos, sino de los anaqueles durante décadas, en la cual hubo ninguna o muy poca actividad judicial. Entonces estamos dentro de los tiempos. A veces hacer contrastes ayuda a entender si, de verdad, somos tan lentos como se dice.
Nosotros queremos avanzar al ritmo más rápido posible, pero, comparados con los tribunales internacionales que juzgan crímenes internacionales, estamos resolviendo entre 5, 10 y hasta 20 veces más rápido que otros tribunales internacionales. Por supuesto, hay que tener cuidado metodológico, son contextos diferentes. Pero en muchas ocasiones se hacen de manera simplista comparaciones con la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que están diseñados para otra cosa. El punto concreto es que, de pasar esta iniciativa en el Congreso, pondría en muy serios aprietos el proceso de la actividad judicial.
CAMBIO: Ustedes calificaron como el más grave ataque que ha sufrido la JEP el planteamiento de la reducción del presupuesto. Pero me devuelvo y le recuerdo lo dicho por Humberto de la Calle, quien también respalda que se aprieten el cinturón. ¿No habría forma de llegar a un punto medio?
H.S.: No hay fórmula inflexible porque la jurisdicción está abierta a escuchar cuáles serían las posibilidades de ajuste. Tenemos la disposición. Venimos hace años haciendo ajustes, pero hay unos puntos límites en los cuales lo que no podemos afectar son esas garantías. Ojalá se dé un espacio de diálogo técnico, directamente con los ponentes o las instancias para que toman las decisiones y revisar en dónde podemos ajustar algunas líneas. Insistimos, sin afectar derechos fundamentales, garantías procesales, condiciones y oportunidades de participación efectiva y una actividad judicial en condiciones dignas, porque si lo que resulta con la decisión final es la imposibilidad de realizar despliegue en territorio, de realizar diligencias y audiencias sin protección a víctimas y testigos, pues se está impactando directamente la autonomía judicial. No tenemos una actitud cerrada. Pero debemos recordar que ya hubo un recorte. Ya hubo una reducción entre lo que presentó el Gobierno del presidente Petro al Congreso.
CAMBIO: Cuando elevan este llamado a la comunidad internacional, a la ONU y a la Corte Penal Internacional. ¿Ya han recibido alguna respuesta institucional o se sienten en este momento solos?
H.S.: No. Creemos que hay una conciencia global, una conciencia sobre la importancia que tiene la jurisdicción, los avances, los resultados. Y hay inquietud sobre el impacto que podría tener esta decisión. El Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos lo manifestó, Hay voces también que empiezan a sumarse dentro y fuera del país a un debate necesario. Hay apoyo de la Embajada de Suiza, la Embajada de Francia, la de Noruega. Aquí hay algo importante: aquí hay una inversión pública de cooperación internacional y algunos aportes privados que entienden que es necesario construir justicia para lograr la paz y saben lo que implicaría borrar de un tajo las posibilidades de continuidad de la jurisdicción. Lo que estamos poniendo de presente es cómo se puede asfixiar y agotar una agenda de construcción de condiciones de verdad, de justicia, reparación para víctimas, comunidades, territorios que se han involucrado, primero, con cierta distancia hasta con desconfianza inicial en una institucionalidad de un Estado que nunca había respondido de manera directa en términos territoriales o comunitarios.
Es que el propio Gobierno se está desdiciendo del presupuesto que le presentó al Congreso a través del partido de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa es de su partido. Entonces nos preocupa que la lectura no pueda ser claramente contextualizada y ubicada y que se entienda el impacto que puede tener esta decisión, que no es menor y no es un tema exclusivamente presupuestal, es de garantías.
CAMBIO: ¿Qué llamado le hacen al presidente Abelardo de la Espriella
H.S.: Que podamos tener un espacio de diálogo, un espacio de diálogo amplio. Que se active, no a finales de noviembre, la instancia de articulación que está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Que podamos dialogar con toda la disposición de, como lo hemos hecho, de entrega de la información sobre qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo, una revisión mucho más sopesada de los resultados de la jurisdicción, que son mucho más que cuatro sentencias. Se reduce de una manera muy efectista en términos mediáticos y políticos a cuatro sentencias una jurisdicción que va muchísimo más allá de esos resultados, que tiene resultados puros y duros en términos judiciales, pero también resultados inéditos en términos de reconciliación, de construcción de confianza, de verdad, de esclarecimiento.
CAMBIO: Si desde ya están reconociendo que con el recorte no podrán terminar en 2028. ¿Necesariamente habría que prorrogar?
H.S.: La Jurisdicción no está solicitando prórroga del mandato en este momento. Cuando llegue el 2028 se mirará al escenario. Hoy hay cuatro sentencias, pero faltan otras 51 sentencias de aquí a 2033. Aunque las sentencias no son sólo las restaurativas. Hay otras más 3.200 sentencias que definen la situación jurídica de los comparecientes. a 2028 habremos cerrado la fase investigación y acusación.
CAMBIO: Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, justamente está planteando un proyecto de acto legislativo para que la JEP termine en 2028 y el juzgamiento de sus casos pase a la justicia ordinaria. ¿Qué opina
H.S.: Creemos que precisamente en la audiencia de este lunes en el Congreso en la Comisión Primera de Senado va a ser uno de los temas a abordar. Esperaríamos que pues que el debate pase por donde debe ser: por el análisis de constitucionalidad, por los impactos que genera en términos de cumplimiento del acuerdo final como de los actos legislativos que le dan rango constitucional a la jurisdicción. Lo que se pretendió en el acuerdo final fue dar la posibilidad de que la justicia ordinaria se descargara de los procesos más complejos. El volumen en la justicia ordinaria es inmenso, pero con procesos individuales en su mayoría, salvo algunas líneas muy específicas de investigación y de juzgamiento que son, digamos, delitos complejos y colectivos. Pero aquí están los los delitos más complejos. Se supone que para eso se vino a la jurisdicción. Resolviendo un tema que la justicia ordinaria no tenía el enfoque, no tenía la capacidad en su momento.
Borrar de tajo el tiempo de la jurisdicción en 2028, o reformar el juzgamiento de militares a través de llevarlos a la justicia penal militar, tiene unas implicaciones que el Estado colombiano debe valorar, sopesar suficientemente y mitigar efectos adversos de una decisión que puede ser aplaudida por una parte de la población, pero es vista por otra con suma preocupación.