Haber ejercido como contratista de prestación de servicios durante la Presidencia de Petro se habría convertido en un lastre para quienes hoy continúan en el gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente anunció límites a dicho tipo de contratos, días después de denunciar una supuesta nómina paralela de 900.000 “corbatas”. CAMBIO reconstruyó el drama que atraviesan numerosas personas que hoy se sienten perseguidas.
“Corbatas, eso es lo que son”. El término informal usado ampliamente en Colombia para referirse a las fichas políticas que cobran y no trabajan ha hecho parte del discurso del presidente de la República Abelardo de la Espriella. De esa forma se refirió, el 18 de agosto, a los contratistas vinculados en el gobierno de Gustavo Petro mediante órdenes de prestación de servicios —OPS—.
Esa fecha en que se conmemoraba el día nacional de la lucha contra la corrupción, De la Espriella aseguró que su gobierno detectó una “nómina paralela” de 900.000 contratistas en el ejecutivo que, según él, causaron una deuda de más de 5 billones de pesos. El dato fue consignado en el llamado ‘Libro de la Verdad’. En esa vía, la Presidencia anunció a mitad de octubre que la ‘Patria Milagro’ contratará menos OPS y que sólo incorporará mediante esa modalidad al 25 por ciento del total de los vinculados entre 2025 y 2026.
Pedirle al gobierno De la Espriella que aclare de dónde salió el dato de la “nómina paralela” cercana al millón de OPS, que atribuyen al gobierno anterior, resulta relevante si se tiene en cuenta que los datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II demuestran que, para el 7 de agosto de 2026, es decir, para cuando asumió el nuevo presidente, en el gobierno nacional se encontraban contratadas 121.906 personas naturales.
El ministro del Interior Rodrigo Lara también anunció —el 7 de octubre— que desvinculó unilateralmente a 557 contratistas de OPS, “heredados de la politiquería anterior”. “Aquí no se paga por no hacer nada”, expresó en un video. Pregones como ese han generado un ambiente de hostilidad sobre los contratistas de prestación de servicios que llevan la marca del ‘gobierno del cambio’.
CAMBIO dialogó con varios contratistas, que culminan su relación contractual con el gobierno hasta el 31 de diciembre, si nada extraordinario ocurre. “Acá lo que se siente es como un odio a todo lo que viene de la administración anterior, que va más allá de la ideología de las personas”, expresó una contratista del Dapre, que pidió la reserva de su identidad.
Documentamos casos de presuntas presiones contra contratistas en dependencias como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Las prácticas se manifiestan desde pagos atrasados, silencio institucional, ausencia de instrucciones, peticiones unilaterales para culminar contratos por mutuo acuerdo, amenazas de incumplimientos y hasta la presunta vigilancia de las redes sociales.
Por su puesto no se trata de casos generalizados. Hay contratistas y empleados públicos que laboraron en los años de Petro y que hoy podrían culminar su misión, sin contratiempos, o continuar eventualmente en 2027, porque están en disposición de expresar, con ímpetu militar, su firmeza por la patria.
“Hoy nos están haciendo sentir como delincuentes”
Jimena* lleva 22 años de sus 49 trabajando por prestación de servicios para diversas entidades públicas. Estuvo en las presidencias de Iván Duque y Gustavo Petro y en las alcaldías de Claudia López, Samuel Moreno y Lucho Garzón. Y aunque sabe que todo contrato tiene un fin, conforme cambian las banderas políticas de turno, nunca antes —dice — había experimentado la desesperación que siente hoy, con dos meses de honorarios retenidos y su nombre rodando en una lista de contratistas a los que deben sacar antes de tiempo.
“Los contratistas estamos sufriendo una estigmatización muy fuerte. Un maltrato en términos económicos y en términos de invisibilizar lo que veníamos haciendo. Están presentando solicitudes de terminaciones por mutuo acuerdo con amenazas de terminaciones unilaterales que tienen unas implicaciones legales para nosotros, en caso de no aceptarlas. Y además están reteniendo honorarios”, le dijo Jimena* a CAMBIO, refiriéndose concretamente al trato que ha recibido de la administración de Abelardo de la Espriella.
La politóloga, madre de dos adolescentes, y quien sigue vinculada a la Consejería Presidencial para la Reconciliación —adscrita al DAPRE—, aparece en una lista de 23 personas a las que se debe retirar de manera urgente, propiciando que firmen un documento en el que certifiquen que su salida se da por mutuo acuerdo. Firma que, en su caso, resultaría falaz pues, como la mayoría de los contratistas, ya había proyectado los pagos que recibiría de aquí al 31 de diciembre, cuando vence su compromiso.
“En algunos casos no nos hablan ni nos determinan y en otros nos llenan de trabajo o nos piden presencialidad. Pero más allá de eso, hoy nos están haciendo sentir como delincuentes. Yo llevo muchos cambios de gobierno y jamás me he sentido como una delincuente. Hoy nos hacen sentir que por culpa nuestra no se pueden hacer muchas cosas porque salimos muy caros y porque vivimos de la teta del Estado”, añadió.
La contratista del Dapre relata que hoy no tiene un supervisor fijo de su contrato y que dicha situación ha provocado que no le asignen funciones ni revisen los informes que, obligatoriamente, debe remitir como paso previo al pago de sus honorarios. El sindicato Unión Nacional de Empleados Públicos de Colombia expresó su preocupación por una desvinculación masiva de contratistas del Dapre que habría ocurrido en septiembre, con aproximadamente 120 afectados.
“Tienen monitoreados a los contratistas en sus redes sociales”
El politólogo de 36 años, Jhoan Felipe López Castillo, especialista en sociología y en políticas públicas para la igualdad, hoy no tiene temor en decir su nombre para esta historia y en denunciar públicamente una situación que considera irregular con el contrato de prestación de servicios que actualmente tiene con el Ministerio de Agricultura.
López, contratado para el apoyo del ‘Fondo Capacitar’, iniciativa creada en 1994 pero relanzada en 2026 para el fortalecimiento de los campesinos, asegura que el 2 de octubre fue citado a una reunión en la oficina del director de ordenamiento del Viceministerio de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Jairo Mesa. El directivo expresó —dice López— que «yo lo había puesto en problemas como consecuencia de mis publicaciones en redes sociales y, particularmente, por una publicación que, según lo expresado durante la reunión, habría sido elaborada por mí en contra del ministro de Agricultura».
La publicación en mención la difundió la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria y en ella se expresa que el ministro Indalecio Dangond no acatará un fallo que le ordena incluir la palabra «campesino» en el lenguaje institucional. Según López, el director también le habría dicho que «al ser este un gobierno digital todos los trabajadores del Ministerio están monitoreados-vigilados en sus redes sociales».
Mesa le dijo a López — según relata este último— que, por supuesta orden del ministro Dangond, su caso sería remitido a la Procuraduría General de la Nación, pues lo consideraban un incumplimiento contractual. Posteriormente, le habrían planteado que ceda su contrato para evitar que la «situación escale a mayores».
«Acá se configura un acto en donde posiblemente se estaría yendo en contra del derecho a la libre expresión de un contratista de una entidad pública que está expresando unas posiciones en redes sociales», señaló López a CAMBIO.
«No se está argumentando un incumplimiento de mis obligaciones, se está presionando por una publicación política en una red social privada y además se me está endilgando la responsabilidad por un mensaje que no hice yo. Producto de esto, se me está presionando con una compulsa de copias ante la Procuraduría», añadió López, quien también advierte que no le han asignado funciones y, sin funciones que acreditar, sus honorarios quedarían en entredicho.
«Un contrato cuya necesidad ya no existe»
«Me permito manifestar respetuosamente que no otorgo mi consentimiento para la terminación anticipada propuesta y que mi voluntad es continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado», así respondió Karla*, una contratista del Ministerio de Minas, de 35 años, a una carta que recibió —junto a numerosos contratistas— en la que se le planteó que firmara un acta de terminación por mutuo acuerdo, producto de que ya no requerían más sus servicios en la cartera de María Nohemí Arboleda.
«Mantener la ejecución de un contrato cuya necesidad ya no existe, aún cuando su plazo se extienda hasta el 31 de diciembre de 2026, no se compadece con el principio de economía ni con la protección de recursos públicos, que es una responsabilidad compartida entre el Ministerio y los contratistas», señala la carta que recibió.
En la carta, el Ministerio le recordó que ella, como contratista, podía terminar respondiendo civil o penalmente por sus acciones u omisiones en la ejecución contractual y que, en ese sentido, se les pedía colaborar terminando anticipadamente su contrato, que ya no se necesita.
Karla* le recordó a su supervisor que ella es madre cabeza de familia y que el contrato, al que aún le quedan dos meses, es el único ingreso con el que cuenta para sostener su hogar. «Eres contratista, estás mes a mes entregando tus informes, los cuales son aprobados. Tienes cronograma de trabajo y de un día para el otro te dicen que revisaron y que no te necesitan, que requieren entregues de manera voluntaria. No lo haces y empiezan a acosarte para que lo hagas», le señaló Karla* a CAMBIO.
También conversamos con Mario*, de 30 años. Es otro contratista del Ministerio de Minas que firmó en las últimas horas el mutuo acuerdo que plantearon en su equipo pues asegura que lo presionaron con incluir una anotación en su hoja de vida, que más adelante podría representarle desde una cláusula pecuniaria hasta un lío con la Procuraduría General de la Nación. Mario tenía dos meses de pagos retenidos y priorizó recibir lo adeudado.
«Me demoré en pasar mi informe de ejecución y por ello me llamó mi nuevo supervisor, al que no conocía, porque jamás lo presentaron, a decirme que no firmaría mi cuenta de cobro y que yo tenía un supuesto incumplimiento. Me dijo: ‘o usted me firma la terminación anticipada del contrato o no le pedimos la cuenta de cobro de septiembre, ni la de octubre, ni la de noviembre, ni la de diciembre, porque yo a ustedes no les voy a poner a hacer nada'», relató Mario*, haciendo énfasis en que su supervisor lo retó a que grabara la conversación.
El hombre afirmó que el supervisor le recordó que él sólo estaba protegiendo el patrimonio público, conforme a la Directiva Presidencial Número 04 del 7 de octubre, con la que el presidente Abelardo de la Espriella les advirtió a todos los supervisores de contratos que responderán, penal, fiscal o disciplinariamente, por «los daños causados por sus actuaciones u omisiones» o por certificar irregularmente el cumplimiento de contratos de terceros.
«Nos quieren ahogar»
La salida de 557 contratistas del Ministerio del Interior fue confirmada por el propio ministro Rodrigo Lara, quien afirmó que prescindió de todos ellos por ser herederos de la politiquería. Pero aún quedan en el Ministerio numerosos contratistas a los que hoy no les están asignando funciones ni les están aceptando las cuentas de cobro, por lo que tienen honorarios retenidos. Tampoco les han pedido que entreguen antes de tiempo sus contratos.
María* es una de esas contratistas de las que quedó en el limbo. Cree que no cayó en la jornada masiva de terminaciones unilaterales porque a lo mejor el ministro Lara no conocía que la dependencia a la que está adscrita existía en el organigrama del Ministerio: el Grupo de Articulación Interna para la Política Pública de Víctimas.
Lo legal y lo cuestionable
CAMBIO consultó a varios abogados expertos en derecho laboral. En principio, señalan que los contratos de prestación de servicios no representan un vínculo laboral y, en ese sentido, en ninguno de estos casos se configuraría una conducta de acoso laboral.
Sin embargo, sí reconocen un aspecto cuestionable en las comunicaciones de terminación por mutuo acuerdo, enviadas desde el Ministerio de Minas, relacionado con la libertad del consentimiento y con el recordatorio a los contratistas sobre las repercusiones penales y civiles.
«La fuente consultada sobre terminación anticipada señala que la figura de mutuo acuerdo está basada precisamente en que ambas partes consientan. Por tanto, no veo fundamento en las fuentes consultadas para equiparar la negativa a terminar bilateralmente con una conducta generadora, por ese solo hecho, de responsabilidad civil o penal. Ese sería, a mi juicio, el punto jurídico que habría que mirar con mayor cuidado en esa comunicación», señaló el laboralista Javier Almanza Junco.
Almanza, profesor de la Universidad del Rosario, advierte que ello tampoco significa que los contratos necesariamente tengan que continuar o que estén obligados a terminarlos el 31 de diciembre. «No está bien que la entidad presione porque puede tener otros mecanismos como la terminación anticipada por parte de la entidad o de manera unilateral. Sin embargo, en el contexto proponen que la terminación se haga inicialmente de manera bilateral, para no afectar el contrato y la respectivas pólizas, ese es el componente práctico de la situación que se está presentando», añadió.
Por otra parte, Manuel Duarte, profesor en la Universidad Externado, expresó sobre el caso de Jhoan Felipe López, que la regla general que aplica a cualquier modalidad contractual, incluyendo la prestación de servicios con entidades públicas, es que la libertad de expresión constituye un derecho fundamental que debe ser respetado.
«Por tanto, siempre que se trate de redes sociales personales y que el contratista no esté actuando en representación de la entidad contratante, puede expresar libremente sus opiniones, incluso a favor o en contra de las políticas públicas del Gobierno. En principio, no resulta jurídicamente admisible condicionar la continuidad de un contrato a la orientación de esas opiniones», señaló Duarte.
Los contratistas que pasaron por el ‘gobierno del cambio’, así también hayan coincidido en las administraciones de Iván Duque o Juan Manuel Santos, cargan una cruz por estos días por el hecho de haber sido contratados en un gobierno que el presidente De la Espriella ha catalogado de «corrupto».
A ello se suman los simpatizantes que diariamente, por redes sociales, les piden al presidente y a sus ministros que saquen de los pasillos públicos a los petristas.
«Rechazo la cacería de brujas de Abelardo contra los contratistas, a quienes están obligando a entregar sus contratos de forma anticipada. Es una canallada. ¿Qué clase de tiranía es esta», publicó hace unos días en ‘X’ la excónsul del gobierno Petro en Santiago de Chile María Antonia Pardo.
Los contratistas hoy la tienen difícil. La legislación laboral no los ampara pues sus vínculos con el Estado no configuran un contrato laboral. En ese sentido, la presión o la persecución que hoy sienten por haber trabajado para un gobierno altamente cuestionado por el ‘Tigre’, y su ‘Patria Milagro’, no tendría ningún tipo de protección legal.
Hoy sólo cuentan con su voz y con la expectativa de no quedar marcados laboralmente por el drama detrás del fin de sus contratos.