Por segunda vez, Alejandro Ordóñez firmó en nombre de Colombia una declaración que niega la existencia de un derecho internacional al aborto. La ley no cambia, pero las organizaciones de mujeres temen lo que esa firma legitima fuera de los tribunales.
Esto ya había ocurrido antes: en mayo de 2022, al final del gobierno de Iván Duque, Alejandro Ordóñez, también embajador en ese entonces, como ahora ante la OEA, anunció la adhesión de Colombia al Consenso de Ginebra. Lo que dice esta declaración política en la que están más de 40 países, la mayoría con una agenda conservadora alineada con la de Donald Trump, es que no existe un derecho internacional al aborto. Este 8 de octubre, en la sede de la Misión de Colombia ante la OEA y después de cuatro años, el exprocurador volvió a firmar el consenso del que Petro retiró a Colombia apenas entró a su gobierno.
Según la Cancillería, esta adhesión no modifica la legislación colombiana. Si la firma no tiene impacto en la ley, ¿entonces qué cambia entonces?
CAMBIO habló con dos mujeres que conocen esta discusión desde lugares distintos, una desde los tribunales internacionales y otra desde el acompañamiento a mujeres que buscan abortar.
El regreso de Ordoñez y «la batalla cultural»
Cuando fue procurador, Ordoñez fue una de las voces más duras contra el aborto y contra el proceso de paz. Su regreso a la OEA sigue la misma lógica y de hecho, el 7 de octubre, terminó su discurso con un llamado a la «batalla cultural y a los pilares de la patria milagro. Ese mismo día, Colombia también tomó distancia de la expresión «salud y derechos sexuales reproductivos».
María Cecilia Ibáñez, asesora senior de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, en conversación con CAMBIO, dijo que estos dos anuncios representan un giro radical en la posición que Colombia sostenía en los espacios multilaterales sobre género y derechos sexuales y reproductivos.
Si no cambia nada, ¿por qué lo firman?
En el video que divulgó la Cancillería, Ordóñez aclaró que la adhesión no tiene efectos jurídicos: «representa un compromiso político y diplomático del gobierno del presidente, que amplía nuestras alianzas y fortalece la cooperación internacional», afirma.
María Cecilia Ibáñez está de acuerdo, pues la Constitución, las leyes y las decisiones de la Corte Constitucional siguen vigentes, incluida la sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo, después de ese plazo, las tres causales reconocidas en 2006. También siguen en pie los tratados de derechos humanos que Colombia ratificó, que según el artículo 93 de la Constitución prevalecen en el orden interno. Por eso Ibañez dice que el aborto sigue legal y “no es un servicio que se pueda negar a partir de la decisión de Colombia”.
Según ella, el cambio es de puertas para afuera, como estrategia de política exterior. Colombia venía de defender los derechos sexuales y reproductivos en los foros internacionales y con esta firma, se acerca a una coalición de gobiernos con políticas restrictivas para las mujeres. Sin embargo, «las obligaciones internacionales que ya tiene Colombia y las obligaciones que se desprenden de la jurisprudencia de la Corte Constitucional siguen vigentes, entonces ninguna entidad estatal tendría por que ir en contra de las obligaciones que ya existen en cuanto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país», afirmó Ibañez.
En 2022 nada cambió en los consultorios. ¿Y ahora
Laura Castro González, directora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, tiene un punto de comparación. Su organización acompaña desde 2006 a mujeres que buscan interrumpir un embarazo, y durante los meses de 2022 en que Colombia estuvo adherida al Consenso no vio ningún cambio en la atención. Los prestadores se rigen por las mismas normas técnicas, responden ante la Superintendencia de Salud y las secretarías de salud, y enfrentan los mismos riesgos legales si se niegan a prestar el servicio. La firma de ese consenso no los protege jurídicamente. “Quizás los avala un poco más culturalmente”, advierte.
Las barreras, además, ya estaban ahí, pues la organización ha documentado la pobreza y la distancia en las zonas rurales, donde muchas mujeres no llegan a ningún servicio de salud. También la desinformación que según Castro, difunden grupos religiosos y de ultraderecha sobre supuestos riesgos del aborto, o también las relaciones de violencia en las que una mujer no puede ir sola ni al odontólogo «entonces menos a practicarse un aborto». A eso le adiciona la crisis del sistema de salud, con faltantes de medicamentos e insumos.
Castro no puede afirmar que esas barreras hayan crecido con el nuevo gobierno, porque dos meses no alcanzan para comparar. Lo que sí percibe es, según ella, un “envalentonamiento” de quienes desconocen los derechos de las mujeres.
Lo que no se nombra deja de existir
Castro recuerda que la política de derechos sexuales y reproductivos va más allá del aborto e incluye la prevención de la violencia de género y del cáncer de cuello uterino, entre otros componentes: «Se están desconociendo los compromisos y las obligaciones que tiene el Estado de ofertar otros servicios, como el control prenatal, la anticoncepción, la prevención de enfermedades de transmisión sexual».
Ibáñez también es clara: «cuando las cosas no se nombran, dejan de existir. A partir del discurso pueden empezarse a generar barreras o dificultades para el acceso a los derechos reproductivos».
La Mesa por la Vida llevará el tema ante las instancias donde el Estado rinde cuentas, como el seguimiento del Consenso de Montevideo y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, y buscará que los países con política exterior feminista se pronuncien.
Para cerrar, Castro cerró con lo que ella llama «paradoja»: la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y amplió esa decisión en 2022, durante el de Iván Duque. Esos derechos, dice, los conquistaron los movimientos de mujeres y no los gobiernos de turno.
Por ahora, ninguna de las dos ve un riesgo concreto para la ley. Ibáñez dice que queda seguir de cerca cada paso de Colombia en los escenarios internacionales, por si esa postura termina por convertirse en algo más que una declaración.
