El Gobierno inicia una carrera contra reloj en el Congreso para aprobar la Ley de Sometimiento, el Estatuto Antiterrorista y el rescate fiscal. Con mayorías frágiles y un ministro del Interior que aún no se posesiona, el presidente enfrenta una prueba de gobernabilidad. ¿Cuáles son los obstáculos que amenazan los tres proyectos clave del Gobierno?
A partir de este martes, las hojas del calendario del Gobierno de Abelardo de la Espriella empiezan a caer con una sensación de vértigo. Son poco más de 50 días para demostrar que puede convertir sus promesas en leyes. Antes del cierre de la legislatura, el 16 de diciembre, busca sacar adelante tres proyectos que definirán su política de seguridad y el rumbo de las finanzas públicas: la Ley de Sometimiento, el Estatuto Antiterrorista y la Ley de Rescate Fiscal.
Los tres comparten dos obstáculos: un Congreso en el que el presidente no tiene aseguradas las mayorías. Y la incógnita de una relación inédita: Alejandro Ordóñez arriba como titular de la cartera política en reemplazo de un Rodrigo Lara que había logrado tender puentes con buena parte de las bancadas.
Cada iniciativa, además, enfrenta una dificultad distinta. La Ley de Sometimiento, que busca que las organizaciones criminales se entreguen a la justicia, es la más avanzada, pero genera controversia por las rebajas de penas.
El Estatuto Antiterrorista, eje de la promesa de mano dura, deberá superar un trámite legislativo exigente y el control previo de la Corte Constitucional.
La Ley de Rescate Fiscal, cuyo texto el Gobierno anunció para las próximas horas, es la más incierta: podría implicar recortes del gasto y nuevos ingresos en un Congreso poco dispuesto a asumir el costo político de esas decisiones.
Las cosas no han fluido como esperaría un gobierno que se precia de saber comunicar y de tener una estrecha comunión con el pueblo. El Ejecutivo llega a esta etapa después de dos tropiezos tan inesperados como sonoros: la derrota de su candidato a la presidencia del Senado y las dificultades en el trámite del presupuesto de 2027, que terminó expedido por decreto.
A eso se suma el paréntesis de estos días, mientras que Ordóñez termina de hacer sus maletas en Washington y se instala en el Palacio de La Giralda en el centro de la capital. Para un gobierno que levanta la bandera de la planificación se trata de una situación, al menos, sorprendente.
La pregunta ya no es solo si el Gobierno conseguirá aprobar sus tres proyectos. También es si podrá construir una mayoría estable para gobernar.
Un calendario que no da tregua
El primer periodo de sesiones ordinarias termina el 16 de diciembre. Quedan solo siete semanas de trabajo legislativo. Pero la Ley de Sometimiento tiene un plazo más apremiante: el Gobierno busca aprobarla antes del 4 de noviembre, cuando vence la vigencia de la Ley 418 de 1997, que regula instrumentos para el mantenimiento del orden público.
El Estatuto Antiterrorista dispone de más tiempo. Por ser una ley estatutaria, debe aprobarse dentro de una sola legislatura, que termina el 20 de junio de 2027. Sin embargo, necesitará mayorías absolutas en ambas cámaras y estará sujeto a revisión previa de la Corte Constitucional.
La Ley de Rescate Fiscal aún debe mostrar sus cartas. Sin conocer el articulado, es imposible saber qué medidas propondrá y qué apoyos podrá conseguir. Lo que sí está claro es que el Gobierno tendrá que negociar en un Congreso que ya le ha demostrado que no siempre está dispuesto a seguir sus instrucciones y menos cuando se trata de meterle la mano al bolsillo de la gente.
El primer revés llegó el 20 de julio, cuando el Senado eligió a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente para el periodo 2026-2027. Y relegó a Alfredo Deluque, del Partido de la U, pero de los afectos del presidente electo.
La segunda dificultad surgió con el presupuesto de 2027. Aunque el Congreso aprobó un monto de $634,9 billones, las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron versiones distintas de un artículo y no alcanzaron a realizar la conciliación dentro del plazo legal. El Gobierno terminó expidiendo el presupuesto por decreto.
El monto global se mantuvo, pero se perdió parte de las adiciones introducidas durante el trámite legislativo, entre ellas recursos para el aseguramiento en salud, los subsidios de electricidad y gas y la inversión. El episodio dejó al descubierto las dificultades de coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso y debilitó la posición del Gobierno justo antes de la discusión de sus tres proyectos prioritarios.
El relevo ministerial fue una consecuencia política inmediata. De la Espriella sacó a Lara y designó a Ordóñez. No es un cambio cualquiera porque por razones de su cargo, el ministro del Interior es el principal interlocutor del Ejecutivo con el Legislativo. Su salida dejó la negociación en manos de un ministro que aún ni siquiera asume el cargo.
Ley de Sometimiento: beneficios bajo escrutinio. El proyecto, radicado el 13 de octubre con mensaje de urgencia, ya superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara. La iniciativa busca establecer una ruta judicial para que integrantes de estructuras criminales abandonen las armas y se sometan a la justicia ordinaria, sin negociación política ni reconocimiento de estatus político, dice el Gobierno.
Según la ponencia, más de 28.800 integrantes de estas organizaciones podrían acogerse al mecanismo. A cambio de colaborar con la justicia, entregar información y contribuir al desmantelamiento de sus estructuras, podrían recibir rebajas de hasta el 50 % de las penas acumuladas. Para quienes hayan ejercido funciones de mando, la reducción podría llegar al 30 %.
Durante el primer debate se incorporaron cambios para reforzar la participación de las víctimas, atender el reclutamiento de menores y endurecer la verificación de la identidad de los integrantes de las organizaciones.
El ministro Iván Cancino -titular de Justicia y provisionalmente encargado de Interior- defiende la propuesta como una alternativa judicial, no como una negociación política. La lógica del Gobierno es combinar la persecución militar y policial de las organizaciones criminales con una salida jurídica para quienes decidan desarmarse, entregar sus redes de financiación y colaborar con las autoridades.
Las críticas se concentran en la proporcionalidad de los beneficios, las garantías para las víctimas y la falta de conceptos previos que, según algunos congresistas, debían acompañar el trámite. Desde la oposición, el representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, sostiene que la iniciativa contradice el discurso de mano dura de la campaña y de no hacerle concesión a las bandas armadas ilegales.
Las dudas también atraviesan al Centro Democrático. El senador Rafael Nieto considera que los integrantes de organizaciones criminales no deberían recibir un trato más favorable que quienes cometen delitos ordinarios. Otros dirigentes uribistas, como Hernán Cadavid, defienden la ley y argumentan que el sometimiento no impedirá que el Estado continúe persiguiendo a los grupos armados.
El proyecto es la primera prueba inmediata del Gobierno. Si no consigue aprobarlo a tiempo, quedará en entredicho su capacidad para cumplir una de las principales promesas de seguridad de la campaña.
Seguridad y derechos en tensión
El Estatuto Antiterrorista es la otra pieza central de la política de seguridad de De la Espriella. Si la Ley de Sometimiento ofrece una salida a quienes abandonen las armas, el estatuto busca fortalecer las herramientas del Estado contra quienes continúen en la actividad criminal.
El proyecto contempla un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, controles sobre la comercialización de minerales, licencias para plataformas de criptoactivos, medidas contra drones -la herramienta más mortífera y más usada hoy por las disidencias- y mecanismos de protección de infraestructuras críticas, como las redes de energía, agua, transporte y hospitales.
Pero su alcance genera inquietudes jurídicas. En un análisis del borrador publicado el 14 de octubre, Rubén Darío Acosta Ortiz, director del centro del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, CESJUL, advierte sobre la amplitud de algunas definiciones, los efectos de las decisiones administrativas antes de que intervenga un juez y la necesidad de controles independientes.
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, también cuestiona la iniciativa. A su juicio, las definiciones de terrorismo podrían ser tan amplias que terminarían facilitando la criminalización de protestas, reclamos colectivos o críticas al Gobierno. También advierte sobre las facultades que se concederían al Ejecutivo para clasificar organizaciones y personas.
El Gobierno sostiene que el proyecto responde a la crisis de seguridad y no pretende establecer un régimen de excepción. Sectores del uribismo ya han anunciado su apoyo, pero la discusión no terminará en el Congreso. La revisión previa de la Corte Constitucional será determinante para establecer si las medidas respetan los derechos fundamentales y el debido proceso.
La dificultad consiste en aprobar herramientas eficaces contra las organizaciones criminales sin abrir espacios para decisiones arbitrarias. Ese equilibrio será una de las principales pruebas jurídicas del Gobierno.
Rescate Fiscal: la incógnita económica
La tercera iniciativa es la menos definida. En su alocución de este domingo, De la Espriella anunció que presentará esta semana la Ley de Rescate Fiscal. Todas las versiones de los analistas apuntan a recortes presupuestales y una posible fusión de ministerios. En teoría suena como decisiones lejanas. Pero, se vislumbra que el apretón del cinturón será severo y lo sentirá una buena parte de la población.
El anuncio llega después de que el Gobierno oficializara un recorte de $13,8 billones al presupuesto de 2026. El presidente también informó de una reducción de $267.000 millones en el presupuesto de la Presidencia y de la terminación de 32 contratos de prestación de servicios por $2.200 millones.
De la Espriella defendió el presupuesto de 2027, expedido por decreto, y sostuvo que el país no se quedará sin recursos. Sin embargo, la diferencia entre los ingresos proyectados y el monto presupuestado plantea interrogantes sobre la viabilidad de las cuentas públicas y la necesidad de nuevos ajustes.
El problema es político tanto como fiscal. Los recortes afectan programas y entidades; los nuevos impuestos generan resistencias entre los ciudadanos y sus representantes. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, ya advirtió que los colombianos no soportan más cargas tributarias.
El texto que presente el Gobierno permitirá saber si el ajuste recaerá principalmente sobre el gasto o si buscará nuevos ingresos. También mostrará cuánto está dispuesto a negociar el Ejecutivo para conseguir los votos que necesita.
A diferencia de la Ley de Sometimiento, cuyo plazo es inmediato, el rescate fiscal exigirá construir una coalición alrededor de decisiones impopulares. Para el Gobierno, no bastará con anunciar austeridad: tendrá que demostrar que sus medidas son viables y cuentan con respaldo político.
Ordóñez: experiencia jurídica, desafío político
Ordóñez, de 71 años, fue designado ministro del Interior la semana anterior, pero llegará se posesionará hasta la otra. Su trayectoria incluye la magistratura, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación, que dirigió entre 2009 y 2016. Después de dejar la Procuraduría, lideró la campaña por el No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz y fue embajador ante la OEA durante el Gobierno de Iván Duque.
Esa experiencia le proporciona conocimiento jurídico y recorrido institucional, pero no garantiza su capacidad para construir mayorías. Lleva una década fuera de Colombia y deberá negociar con un Congreso fragmentado, integrado por bancadas con intereses y prioridades diferentes.
Su perfil también divide. Sus posiciones conservadoras le han granjeado apoyos en la derecha y resistencias en sectores de izquierda y centro. Su llegada puede facilitar la interlocución con los sectores más cercanos a la agenda de seguridad del presidente, en especial su núcleo duro, pero dificultar los acuerdos con quienes desconfían de su trayectoria.
El mayor reto será mantener unidas las fuerzas que respaldan al Gobierno y, al mismo tiempo, atraer votos de otras bancadas. En el caso del rescate fiscal, tendrá que coordinar con Hacienda una negociación que probablemente implique costos políticos. En las leyes de seguridad, deberá conciliar las prioridades del Ejecutivo con las objeciones jurídicas y las exigencias de los congresistas.
Estas semanas mostrarán si De la Espriella puede transformar su programa de gobierno en una agenda legislativa viable. La Ley de Sometimiento pondrá a prueba su capacidad de reacción ante un plazo inmediato; el Estatuto Antiterrorista medirá hasta dónde puede llegar su política de seguridad dentro de los límites constitucionales, y la Ley de Rescate Fiscal revelará si cuenta con respaldo para afrontar las dificultades de las finanzas públicas.
El presidente ya comprobó que ganar las elecciones no equivale a controlar el Congreso. Ahora necesita negociar, reunir mayorías y demostrar que puede sostener sus decisiones más allá de los anuncios.
En los próximos 50 días no solo estará en juego la suerte de tres proyectos. También quedará más claro cuánto poder tiene realmente el Gobierno.