El pasado 24 de agosto, en un consejo de seguridad en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía iniciar operativos coordinados para “dar con los inmigrantes ilegales”: primero los que cometen delitos, luego los que no tienen situación regularizada, “que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”. El anuncio, acompañado del eslogan “primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, inaugura un giro que rompe con una década de política migratoria colombiana. Es también un mal negocio para el país.
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