El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso clave para sacar adelante uno de los proyectos con los que busca marcar su política de seguridad. Este martes 3 de noviembre, la plenaria del Senado aprobó la denominada Ley de Sometimiento, iniciativa que establece las condiciones bajo las cuales integrantes de organizaciones armadas ilegales podrían acogerse a la justicia.
La votación del título y la pregunta final del proyecto terminó con 57 votos a favor y 24 en contra. Sin embargo, la decisión del Senado no significa que el proyecto ya sea ley: todavía debe culminar su discusión y votación en la Cámara de Representantes.
La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara. Fue presentada por el Gobierno con mensaje de urgencia y tiene como propósito modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.
¿Qué propone la Ley de Sometimiento?
El proyecto crea una ruta para que integrantes de determinadas organizaciones armadas ilegales puedan someterse voluntariamente a la justicia y acceder a beneficios condicionados.
Sin embargo, no bastaría con manifestar la intención de acogerse al mecanismo. El articulado establece obligaciones como la dejación de las armas, el abandono de las actividades ilícitas, la entrega de información sobre las estructuras criminales y la colaboración con las investigaciones judiciales.
Además, quienes participen en estos procesos deberán contribuir a la liberación de personas secuestradas, entregar información sobre personas desaparecidas y facilitar la salida de niños, niñas y adolescentes reclutados por estas organizaciones.
La reparación a las víctimas también ocupa un lugar central. El proyecto establece que quienes se sometan deberán colaborar en la identificación y entrega de bienes que puedan destinarse a compensar los daños ocasionados por las actividades criminales.
¿Qué beneficios podrían recibir quienes se sometan?
Uno de los puntos que más discusión ha generado durante el trámite está relacionado con las reducciones de penas.
La ponencia para segundo debate contempla rebajas de hasta el 50 % para integrantes de estas organizaciones y de hasta el 30 % para quienes hayan desempeñado funciones de liderazgo. Para estos últimos se establece que deberán cumplir, como mínimo, diez años de prisión.
También se contemplan beneficios vinculados con información útil para combatir economías ilegales. El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha explicado que podrían valorarse aportes relacionados con rutas de narcotráfico, laboratorios de drogas, erradicación de cultivos ilícitos, corrupción pública o vínculos entre estructuras ilegales y actores políticos.
Cancino aclaró, sin embargo, que no sería suficiente con hacer una afirmación: la información tendría que demostrarse dentro de un proceso y serían los jueces quienes determinarían su valor.
Cancino explicó qué pasará con quienes incumplan
Después de la aprobación en Senado, el ministro Iván Cancino agradeció el respaldo recibido y reconoció que todavía falta completar el trámite en la Cámara de Representantes.
En declaraciones difundidas por Caracol Radio, el funcionario explicó que la propuesta tendría una vigencia de cuatro años y sostuvo que quienes incumplan las condiciones establecidas podrían ser expulsados del mecanismo.
El texto que llegó a las plenarias efectivamente redujo la vigencia planteada inicialmente de diez a cuatro años, con el objetivo de que coincida con el periodo del actual Gobierno.
Otro punto sensible tiene que ver con el reclutamiento de menores. El proyecto contempla condiciones más restrictivas para responsables de este delito, uno de los asuntos que ha sido objeto de ajustes durante el debate legislativo.
¿Qué falta para que el proyecto sea aprobado?
Aunque el Senado ya completó su votación, la atención está ahora sobre la Cámara de Representantes.
La Cámara ya aprobó la ponencia positiva con 99 votos a favor y 39 en contra, pero todavía debe culminar la discusión del articulado. La jornada estuvo marcada por cuestionamientos de congresistas de oposición, quienes advirtieron sobre un posible vicio de procedimiento porque inicialmente la ponencia había sido sometida a votación sin que el ponente Daniel Briceño la sustentara y sin que se desarrollara el debate correspondiente.
Ante los reclamos, la votación fue reabierta, Briceño realizó la sustentación y la ponencia volvió a aprobarse. El ministro Cancino, por su parte, ha sostenido que el procedimiento no presenta vicios.
El Congreso está contra el reloj
El tiempo es uno de los factores determinantes para el futuro del proyecto.
La iniciativa debe culminar su trámite legislativo antes del 4 de noviembre de 2026, cuando vence la vigencia de la Ley 418 de 1997 que busca modificar y prorrogar. Por esta razón, Senado y Cámara han acelerado durante los últimos días la discusión de la propuesta.
El Gobierno ha presentado esta ley como la base jurídica para su estrategia de sometimiento criminal y como un cambio frente a la política de Paz Total desarrollada durante la administración anterior. El proyecto busca establecer procedimientos de acogimiento a la justicia sin reconocer a estas organizaciones un estatus político.
Por ahora, la aprobación en el Senado representa uno de los avances más importantes que ha conseguido la iniciativa, pero la última palabra todavía depende del trámite pendiente en la Cámara de Representantes.
#ATENCIÓN | El Senado aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella. En medio de una tensa discusión con el Pacto Histórico, la votación del título y la pregunta del proyecto quedó con 57 votos a favor y 24 en contra. Falta la decisión de la Cámara de… pic.twitter.com/vQZ1FJDrPj
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 3, 2026
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