La cadena de hamburguesas Presto aclaró qué ocurrirá con sus restaurantes en Colombia después de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la apertura de un proceso de liquidación judicial para Franquicias y Concesiones S. A. S., empresa responsable de su operación.
Por ahora, los restaurantes seguirán abiertos y atendiendo con normalidad hasta nueva orden de la liquidadora, Mónica Alexandra Macías Sánchez. La intención es encontrar una alternativa que permita mantener el negocio en funcionamiento y evitar el cierre de los establecimientos.
La liquidadora explicó que la continuidad de la operación busca preservar el valor de la marca, los puntos de venta y los empleos, además de contribuir a la protección de los acreedores. La posibilidad de vender la compañía está sobre la mesa, aunque hasta el momento no se ha confirmado la existencia de un comprador.
¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?
La decisión se produjo después de que la empresa no lograra cumplir los compromisos de su acuerdo de reorganización empresarial. Presto había sido admitida a ese proceso en julio de 2023 y, en abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó un acuerdo para atender pasivos cercanos a los 31.000 millones de pesos.
Sin embargo, la compañía volvió a enfrentar dificultades financieras. Entre los factores identificados estuvieron la disminución del flujo de caja, los retrasos en el pago de gastos de administración y el incumplimiento de obligaciones posteriores a la aprobación del acuerdo.
El 30 de septiembre de 2026, la apoderada de la empresa solicitó la liquidación judicial. La Superintendencia tomó la decisión de terminar la reorganización y avanzar con el proceso de liquidación, ante las dificultades para mantener la operación bajo las condiciones financieras existentes.
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¿Qué pasará con los empleos y los acreedores?
La búsqueda de un comprador será determinante para establecer si Presto puede continuar operando bajo una nueva propiedad. Mantener abiertos los restaurantes es, por ahora, la estrategia anunciada para proteger la actividad comercial y conservar el valor económico de la compañía.
En paralelo, las personas y empresas a las que Presto les adeuda dinero deberán presentar sus reclamaciones dentro del proceso de liquidación. Según la información divulgada por la liquidadora, una vez la Superintendencia publique el aviso oficial de apertura, los acreedores tendrán un plazo de 20 días para presentar sus créditos.
Quienes no cumplan ese plazo podrían quedar relegados en el orden de pago de las obligaciones.
Así, aunque la liquidación judicial representa un nuevo capítulo en la crisis financiera de Presto, no implica el cierre inmediato de todos sus establecimientos. El futuro de la cadena dependerá de las decisiones que se tomen durante el proceso y de que se concrete una alternativa viable para mantener el negocio en marcha.
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