Una universidad debe ser uno de los espacios más libres de nuestra sociedad. Allí se discute, se cuestiona, se contradice al poder, se protesta de manera pacífica y se forman los ciudadanos que van a sacar adelante a Bogotá y a Colombia. ¡Precisamente por eso hay que defenderla con toda la firmeza!
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Pero defender la academia significa también impedir que unos pocos violentos se la apropien mediante la intimidación. Durante mucho tiempo hemos tolerado una escena vergonzosa que no podemos seguir normalizando: personas encapuchadas que salen de algunos campus, bloquean las vías, destruyen bienes públicos y privados, atacan con explosivos a nuestra Fuerza Pública y, cobardemente, regresan corriendo a las universidades para esconderse.
Entonces aparece esa excusa que resulta inaceptable para blindar la impunidad: la “autonomía”. Y la pregunta que les hago a los bogotanos es: ¿desde cuándo lanzar un explosivo contra un policía o destruir la ciudad deja de ser un delito al cruzar la portería de una universidad?
A buena hora el Gobierno Nacional anunció un protocolo claro para establecer la actuación de la Policía frente a hechos de violencia dentro de los campus. Y como lo he dicho con vehemencia desde el Concejo de Bogotá a quienes usan las universidades para atacar a la Fuerza Pública: ¡se acaba la vagabundería! El presidente Abelardo de la Espriella fue claro en su advertencia a los criminales: “Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”. Presidente, tiene mi respaldo absoluto.
Debemos trazar líneas muy claras. Marchar no es delinquir y la protesta pacífica se respeta y se garantiza. Un estudiante que levanta una pancarta, organizar una asamblea o marcha pacíficamente ejerce un derecho legítimo. Pero quien utiliza la violencia urbana y destruye la ciudad debe responder individualmente ante la justicia, caiga quien caiga.
La autonomía universitaria es una conquista democrática sagrada que protege la libertad académica, la investigación y el pensamiento crítico. Pero la autonomía jamás significará extraterritorialidad. Un campus no puede ser un territorio sin ley donde la Constitución no aplique.
Como concejal de Bogotá, le exijo a la Administración Distrital que se acaben las tibiezas. Usen toda la fuerza legítima del Estado para capturar a quienes destruyen nuestra ciudad. No hay excusa para quedarse de manos cruzadas cuando los violentos afectan a los miles de jóvenes que van todos los días a la universidad simplemente a estudiar, a ganarse un futuro de manera honrada y a utilizar una infraestructura financiada con el esfuerzo de los colombianos.
La inmensa mayoría de los estudiantes son jóvenes trabajadores y sacrificados que pierden clases, semestre y tranquilidad cuando una minoría encapuchada los toma como rehenes. Por eso nos preguntamos: ¿qué tan autónoma puede ser una universidad cuando una minoría violenta decide, a punta de terror, quién entra, quién sale y cuándo se paraliza una ciudad entera
¡Defendamos la universidad de los violentos y devolvámosla a quienes verdaderamente le pertenecen!
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