La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad por la utilización de dos títulos académicos que, según el ente acusador, habrían sido tramitados de manera fraudulenta para cumplir los requisitos y asumir como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad y la Equidad en septiembre de 2025.
El caso llegó a una nueva etapa luego de que un juez penal de conocimiento de Bogotá avalara el preacuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía, el cual contempla una pena de 36 meses de prisión por el delito de fraude procesal.
De acuerdo con la investigación, los documentos académicos habrían sido utilizados dentro del proceso de verificación de requisitos para acceder al cargo público que buscaba ocupar.
Los títulos que están bajo investigación
Según la Fiscalía, Juliana Guerrero acudió ante el secretario general de una fundación universitaria para gestionar la expedición de dos títulos: contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
Sin embargo, el ente investigador estableció que los documentos habrían sido obtenidos sin cumplir con el proceso académico requerido.
La Fiscalía señaló que Guerrero no habría completado el plan de estudios previsto y que también se habrían omitido otros requisitos establecidos por la ley, entre ellos la presentación de las respectivas pruebas de Estado.
Los diplomas fueron expedidos en julio de 2025, antes de que se adelantara el proceso para su llegada al Ministerio de la Igualdad.
El registro en la plataforma de Función Pública
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el ingreso de los documentos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
De acuerdo con la Fiscalía, los títulos fueron cargados en esta plataforma con el propósito de ser tenidos en cuenta dentro del proceso de verificación de requisitos para asumir el cargo.
Para el ente acusador, esta acción habría buscado inducir en error a los funcionarios encargados de revisar la documentación presentada por Guerrero para la posesión como viceministra.
El SIGEP es una herramienta utilizada por las entidades públicas para registrar información relacionada con servidores públicos y contratistas del Estado.
La llegada al cargo de viceministra
La investigación se centra en el proceso que permitió que Guerrero cumpliera, aparentemente, con los requisitos académicos exigidos para asumir como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
Según la Fiscalía, los documentos cuestionados tuvieron un papel dentro de ese trámite, razón por la cual la entidad imputó el delito de fraude procesal.
Tras avanzar la investigación y la recopilación de pruebas, Guerrero aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía.
Juez avaló el acuerdo y definió la pena
El acuerdo judicial fue revisado por un juez penal de conocimiento de Bogotá, quien avaló los términos establecidos entre la Fiscalía y la procesada.
El preacuerdo contempla una pena de 36 meses de prisión por el delito de fraude procesal.
La decisión se da luego de que la Fiscalía sustentara los elementos probatorios recopilados durante la investigación sobre la obtención y uso de los títulos académicos cuestionados.
El proceso continuará bajo los términos establecidos por la justicia, mientras se cumplen las condiciones derivadas del acuerdo aprobado por el juez.
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