La sede del Pacto Histórico en Bogotá fue objeto de una inspección judicial adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una indagación relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna que realizó la colectividad en octubre de 2025 para definir a su candidato presidencial.
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La diligencia fue ordenada dentro de una investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción y contó con autorización judicial. Los investigadores buscan recopilar documentos, soportes y elementos contables que permitan establecer cómo se financiaron las actividades relacionadas con aquella consulta.
En esa jornada participaron Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Cepeda obtuvo alrededor del 65 % de los votos y quedó como candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026.
La diligencia ocurre después de una actuación de la Corte
La inspección de la Fiscalía se conoce un día después de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación previa contra Iván Cepeda por posibles irregularidades en la financiación de esa misma consulta.
El alto tribunal ordenó la práctica de pruebas y la recepción de declaraciones para determinar qué ocurrió con los recursos cuestionados. Entre los asuntos mencionados aparecen aportes reportados por el empresario Javier Antonio Pérez Páez y por la empresa Samat Publicidad S.A.S.
Sin embargo, existe un antecedente que también hace parte del contexto. El Consejo Nacional Electoral decidió el 1 de septiembre abstenerse de iniciar una investigación administrativa y cerrar la actuación relacionada con esos recursos. Según la información publicada sobre esa decisión, el CNE concluyó que no estaba acreditado que Pérez Páez y Samat Publicidad hubieran realizado donaciones a la campaña de Cepeda.
Ahora, la Fiscalía y la Corte adelantan actuaciones en sus respectivos ámbitos para establecer si existieron irregularidades y cuál fue la naturaleza de los recursos utilizados.
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La inspección realizada en la sede del Pacto Histórico no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal contra Cepeda ni contra la colectividad. La indagación busca precisamente determinar si existen elementos suficientes para avanzar en las actuaciones correspondientes.
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