La controversia por el retiro de obras del Museo Nacional y la posterior intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) contra manifestantes en Bogotá parece haber dejado algo claro en las primeras semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella: la llamada “contrarrevolución cultural” ya no es una idea abstracta ni una consigna de campaña. Se ha convertido en una política de gobierno.
Lo ocurrido en el Museo Nacional va mucho más allá de una discusión sobre curaduría, patrimonio o criterios museográficos. Se trata de un conflicto político e ideológico que revela una apuesta deliberada del Ejecutivo por disputar el sentido de la memoria histórica, el lugar de las minorías en la esfera pública y el papel de las instituciones culturales. En otras palabras, se trata de la apertura de una verdadera batalla cultural.
La decisión del Ministerio de Cultura de retirar alrededor de 30 piezas vinculadas a temas de diversidad sexual, luchas feministas, la Constitución de 1991, el proceso de paz y figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro provocó una rápida reacción de artistas, académicos, organizaciones culturales y sectores de oposición. La polémica escaló hasta el Congreso, donde la senadora Jennifer Pedraza anunció que citará a la ministra Paola Holguín a un debate de control político por lo que considera un acto de censura y una intervención indebida en la autonomía de las instituciones culturales.
Las críticas no surgieron únicamente por el retiro de las obras, sino por lo que la decisión simboliza. Para buena parte del sector cultural, el problema no es que el Estado promueva una determinada visión de la historia, algo inevitable en cualquier proyecto político, sino que lo haga excluyendo narrativas que forman parte del debate democrático contemporáneo. Cuando un gobierno decide qué memorias deben permanecer visibles y cuáles deben desaparecer de los espacios públicos, el asunto deja de ser administrativo para convertirse en político.
“La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. Las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos y como Estado debemos garantizar la libertad cultural, no fabricar una cultura oficial que le sirva al gobierno de turno”, dijo el presidente de la República en una alocución, pero lo que está haciendo pareciera ser, precisamente, utilizar la cultura como instrumento de una ideología, de la suya.
La respuesta ciudadana fue inmediata. Durante dos días consecutivos, cientos de personas se concentraron frente al Museo Nacional para rechazar las decisiones del Gobierno. Sin embargo, la protesta adquirió una nueva dimensión cuando la Unadi, antes conocida como Esmad, intervino el plantón utilizando tanquetas y bombas aturdidoras. Videos difundidos por medios y testigos mostraron el uso de chorros de agua contra los manifestantes, mientras algunos respondían lanzando objetos a los uniformados.
La imagen resulta particularmente simbólica. Una protesta originada por la defensa de expresiones culturales terminó enfrentándose a una respuesta policial de alto impacto. Aunque el Gobierno puede argumentar que actuó para restablecer el orden público, el mensaje político de la escena es difícil de ignorar: la primera gran controversia cultural de esta administración fue respondida con mecanismos de control y fuerza antes que con espacios de diálogo.
La situación adquiere mayor relevancia cuando se observan las declaraciones del propio presidente. De la Espriella no ha ocultado que considera la cultura uno de los principales escenarios de disputa ideológica. Al referirse a las obras retiradas, aseguró haber dado instrucciones para que desapareciera de los espacios públicos lo que calificó como una “oda al terrorismo” y una “apología al terrorismo”, en referencia a la presencia de figuras como Carlos Pizarro. Posteriormente, profundizó su posición al declarar una lucha “abierta y total” contra el denominado “wokismo”, corriente que, según él, distorsiona la historia, impone agendas ideológicas en la educación y degrada valores tradicionales.
La ministra Paola Holguín ha sido incluso más explícita. En declaraciones divulgadas tras su llegada a la cartera, afirmó que desde el Ministerio comenzaría una “contrarrevolución cultural” destinada a impedir que los espacios culturales fueran “captados por el social-comunismo”. Se trata de un lenguaje poco habitual en la administración pública colombiana, donde tradicionalmente los gobiernos han intentado presentar la política cultural como un terreno de consenso más que de confrontación.
La adopción de estos términos no es accidental. La retórica de la “batalla cultural” se ha convertido en una estrategia común entre diversos gobiernos conservadores y de derecha alrededor del mundo. Desde Argentina hasta Estados Unidos y varios países europeos, sectores políticos han identificado la cultura, la educación, los medios y la memoria histórica como frentes fundamentales de disputa política. El gobierno de De la Espriella parece decidido a insertar a Colombia en esa tendencia internacional.
Sin embargo, la pregunta central es si esta estrategia fortalecerá o debilitará la democracia cultural del país.
Los defensores del Ejecutivo sostienen que durante años las instituciones culturales fueron dominadas por una única visión ideológica y que el nuevo gobierno simplemente está corrigiendo un desequilibrio. Desde esta perspectiva, retirar ciertas obras o cuestionar determinados discursos sería un acto de pluralismo y no de censura.
El problema es que la evidencia disponible apunta en otra dirección. El pluralismo implica sumar voces, ampliar debates y enriquecer la conversación pública. Lo que ocurrió en el Museo Nacional parece más cercano a una operación de sustitución que de ampliación: unas narrativas salen para que otras entren. La diferencia es crucial. Una democracia cultural robusta no elimina memorias incómodas; las pone en diálogo.
Tampoco ayuda que la respuesta institucional haya estado acompañada de una creciente polarización discursiva. La división entre “patriotas” y “wokistas”, entre defensores de la nación y supuestos enemigos culturales, puede ser eficaz para movilizar bases políticas, pero suele empobrecer la discusión pública. El riesgo es que las instituciones culturales terminen funcionando como trincheras ideológicas en lugar de espacios de reflexión crítica.
Además, existe un componente histórico que no debería ignorarse. Colombia ha construido durante décadas complejos consensos alrededor de su memoria colectiva, especialmente en temas relacionados con el conflicto armado y los procesos de paz. Esos consensos nunca han sido perfectos ni unánimes, pero han permitido que museos y centros culturales funcionen como lugares donde distintas interpretaciones del pasado pueden coexistir. Alterar ese equilibrio desde el poder político inevitablemente genera tensiones.
Lo sucedido en el Museo Nacional probablemente será recordado como el primer gran episodio cultural del gobierno de De la Espriella. No solo por el retiro de las obras ni por la represión de las protestas, sino porque dejó al descubierto una definición estratégica del Ejecutivo: la cultura ya no será una política sectorial, sino un campo prioritario de confrontación política.
La batalla cultural que el Gobierno prometió ha comenzado. La incógnita es si terminará fortaleciendo el debate democrático mediante una mayor diversidad de perspectivas o si, por el contrario, desembocará en una dinámica de censura, exclusión y polarización. Las imágenes de tanquetas frente al Museo Nacional sugieren que el camino escogido hasta ahora se acerca más a la confrontación que al diálogo. Y esa es una señal que debería preocupar incluso a quienes comparten las ideas del Gobierno, porque la libertad cultural se pone a prueba precisamente cuando protege las expresiones con las que no estamos de acuerdo.
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