El asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, dio un nuevo giro luego de que se conociera que los sicarios se habrían equivocado de víctima. Ahora, el empresario minero Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, señalado dentro de la investigación como el supuesto objetivo del ataque, habló públicamente sobre las amenazas que asegura haber recibido desde hace varios años.
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Aponte y su escolta fueron asesinados el pasado 11 de febrero a las afueras de un gimnasio en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá. Desde entonces, la Fiscalía ha avanzado en una investigación que apunta a que el crimen fue planeado por una estructura encargada de seguir, ubicar y atacar a la persona escogida.
La hipótesis que hoy toma fuerza es que Gustavo Aponte no era el hombre al que buscaban. De acuerdo con información conocida durante el proceso judicial, el verdadero objetivo sería Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario del sector minero con actividades relacionadas con oro, cobre y gas.
El empresario habla de amenazas desde 2020
Tras conocerse su nombre dentro del caso, Oliver Peñaranda emitió un comunicado en el que aseguró que desde 2020 ha puesto en conocimiento de las autoridades una serie de amenazas en su contra.
Según su versión, estas estarían relacionadas con procesos de formalización minera que ha adelantado desde 2018 en el sur de Bolívar.
El empresario sostiene que su trabajo permitió que mineros artesanales e informales avanzaran hacia esquemas legales y que ese proceso habría afectado intereses de organizaciones que se lucraban de la minería ilegal.
Peñaranda atribuye las amenazas a grupos armados ilegales y menciona, entre ellos, al Eln y estructuras de las Farc. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que permita concluir que alguna de esas organizaciones haya ordenado el ataque que terminó con la muerte de Gustavo Aponte.
Tampoco está establecido judicialmente que la actividad minera de Peñaranda sea el móvil definitivo detrás del crimen. El contexto, no obstante, sí muestra que el sur de Bolívar ha sido una región en la que las autoridades han documentado disputas de grupos armados por el control de zonas mineras. La Defensoría del Pueblo ha advertido en diferentes momentos sobre amenazas, extorsiones y hechos violentos relacionados con estas economías.
Una posible confusión que terminó en doble homicidio
El cambio de rumbo en la investigación se conoció después de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, detenido en Villavicencio el pasado 26 de agosto.
La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos. Según la investigación, Llanos habría participado en labores de vigilancia y coordinación logística relacionadas con el crimen.
Además, los investigadores encontraron conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado “Los Gladiadores”, en el que supuestamente se coordinaban seguimientos y movimientos de personas vinculadas con la estructura.
Al menos seis personas habrían participado en las labores previas al ataque, según la información conocida hasta ahora.
La hipótesis de la Fiscalía señala que la similitud física entre Aponte y el verdadero objetivo habría llevado a los sicarios a disparar contra el empresario arrocero y su escolta.
Las preguntas que siguen abiertas
Aunque la investigación ha avanzado, todavía quedan asuntos fundamentales por esclarecer. Las autoridades deberán establecer quién ordenó el homicidio, cuál era el móvil real, quién suministró la información sobre el supuesto objetivo y cómo se produjo la posible confusión que terminó con la muerte de Gustavo Aponte y Luis Gabriel Gutiérrez.
Por ahora, el comunicado de Oliver Peñaranda agrega un nuevo elemento al expediente: su versión sobre las amenazas que asegura haber recibido durante años. Será la investigación judicial la que determine si esos hechos tienen relación directa con el plan criminal.
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