El debate sobre el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas pasó este lunes de la advertencia presidencial a una discusión más concreta sobre cuándo podría intervenir la autoridad y cuáles serían los límites de esa actuación.
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El presidente Abelardo De La Espriella anunció la noche del 13 de septiembre un protocolo nacional para diferenciar la protesta pacífica de situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. El mandatario también afirmó que la Policía será la “primera autoridad operativa” ante hechos violentos o terroristas que se preparen desde los campus.
Un día después, el Ministerio de Justicia precisó los escenarios que, desde el punto de vista del Gobierno, pueden habilitar la actuación de las autoridades.
La cartera, dirigida por Iván Cancino González, señaló que la autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe protegerse, pero aclaró que no significa que las instituciones estén por fuera de la Constitución, la ley o las competencias de las autoridades.
Según el Ministerio, frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales. Sin embargo, las autoridades pueden actuar cuando existan hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, daños graves a bienes u otras circunstancias expresamente previstas en la ley.
La cartera agregó que cualquier intervención debe responder a las circunstancias particulares, tener respaldo jurídico y utilizar medios necesarios y proporcionales. También recordó la existencia de mecanismos excepcionales como la asistencia militar contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, cuya aplicación depende de los requisitos legales y constitucionales.
¿Qué dicen las universidades?
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, planteó una posición intermedia. Reconoció que las universidades públicas son autónomas, pero “no son soberanas” y que ante un crimen, un acto terrorista o una persona gravemente herida las autoridades pueden actuar incluso sin autorización de las directivas.
Sin embargo, cuestionó el ingreso preventivo de la Policía durante las protestas y sostuvo que la solución debe estar en la inteligencia para identificar a quienes protagonizan los hechos violentos.
La Universidad Pedagógica Nacional asumió una postura más crítica. La institución recordó los antecedentes de violencia contra comunidades universitarias y advirtió que cualquier intervención de la Fuerza Pública debe respetar la proporcionalidad y derechos como la vida, la integridad, la libertad de expresión, la protesta pacífica y la educación.
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Así, el debate ahora se concentra menos en si existe autonomía universitaria y más en cómo se determinará cuándo una situación justifica la intervención de las autoridades y quién establecerá esos límites en el nuevo protocolo.
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