Una imagen terminó abriendo una discusión que ya escaló hasta convertirse en un choque entre dos instituciones del Estado. La Defensoría del Pueblo cuestionó la forma como el Gobierno de Abelardo De La Espriella está mostrando los resultados de sus operaciones contra grupos armados ilegales, especialmente después de que el mandatario apareciera caminando junto a los cuerpos cubiertos de personas muertas durante una ofensiva militar en Guaviare. Pero la respuesta del Ejecutivo no tardaría en llegar.
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El punto de quiebre fue la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare. Según el balance oficial presentado por Presidencia, durante el operativo murieron 23 integrantes de estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, seis personas fueron capturadas y un menor fue recuperado. El presidente presentó estos resultados como uno de los mayores golpes recientes contra esas organizaciones, aunque las imágenes que acompañaron el anuncio terminaron provocando otro debate.
Iris Marín cuestionó las imágenes del Gobierno
La defensora del Pueblo, Iris Marín, publicó este domingo 6 de septiembre un duro pronunciamiento en el que dejó claro que su cuestionamiento no estaba dirigido a la legitimidad de las operaciones militares, sino a la manera como el Estado muestra la muerte y comunica sus victorias frente a los grupos ilegales.
“El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”, señaló Marín en su pronunciamiento. La defensora advirtió además que Colombia ha atravesado durante décadas diferentes ciclos de violencia, pero aseguró que no recordaba “haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”.
Detrás de sus palabras había otra preocupación. Para la Defensoría del Pueblo, las imágenes utilizadas por las autoridades también transmiten mensajes sobre la manera como se ejerce el poder. Por eso, Marín sostuvo que los cuerpos de personas muertas no deberían convertirse en parte de la escenografía utilizada para comunicar resultados de seguridad.
La funcionaria insistió en que combatir militarmente a los grupos armados ilegales es una obligación constitucional del Estado, pero recordó que esa tarea también está sometida a límites. Incluso en medio del conflicto, sostuvo, las personas muertas deben recibir un trato digno. Y ese argumento terminó llevando el enfrentamiento a otro nivel.
“Una triste equivocación”: Gobierno respondió a la Defensoría
Durante la madrugada de este lunes apareció la respuesta del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la Defensoría continúa siendo una institución que el Ejecutivo respeta y considera aliada en la defensa de las víctimas. Sin embargo, inmediatamente marcó distancia frente a las declaraciones de Iris Marín.
Lara calificó el pronunciamiento como una “triste equivocación”, pues consideró que la defensora terminó equiparando al Estado con las organizaciones criminales al plantear que podrían estar compitiendo por demostrar mayores niveles de crueldad.
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“Esa equivalencia no corresponde”, manifestó el ministro, quien defendió que el Estado tiene el deber constitucional de combatir a los grupos que ejercen violencia contra comunidades en distintas regiones del país. También pidió que la Defensoría acompañe al Gobierno frente al reclutamiento de menores, el uso de drones y otras acciones atribuidas a organizaciones armadas ilegales.
Pero Lara fue todavía más lejos. Aseguró que Colombia está poniendo fin al “cinismo de la Paz Total”, en referencia a la política de negociación desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro, y afirmó que el Ejecutivo continuará haciendo cumplir la ley. El mensaje parecía cerrar filas alrededor de la estrategia de seguridad de De La Espriella, pero la discusión todavía no terminaba.
Iris Marín volvió a responder
Este lunes 7 de septiembre, la defensora reaccionó nuevamente. En lugar de retirar sus cuestionamientos, Iris Marín mantuvo su posición y dijo confiar en que el Presidente y su Gobierno puedan “reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales”.
Al mismo tiempo, intentó llevar el intercambio hacia un terreno de cooperación. Propuso avanzar de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas y recordó que existen problemas que requieren coordinación urgente entre las instituciones.
La lista no es menor: utilización de drones, reclutamiento de menores, expansión territorial de grupos armados, confinamiento y desplazamiento forzado hacen parte del diagnóstico que la Defensoría ha venido documentando. “Desde la Defensoría estamos listos para avanzar de inmediato y trabajar conjuntamente”, afirmó Marín, dejando abierta una puerta al diálogo pese al duro intercambio de las últimas horas.
El polémico contador de “Las Bajas del Tigre”
En medio de la controversia apareció otro elemento. La Defensoría mencionó haber recibido información sobre un portal llamado Las Bajas del Tigre, que contabiliza muertos, capturas y otros resultados de las operaciones contra organizaciones criminales desde el inicio del actual Gobierno.
El sitio efectivamente existe y presenta un contador con datos sobre cabecillas muertos, capturas, narcóticos y armas incautadas. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial suficiente para afirmar que se trate de una página creada o administrada directamente por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, una diferencia que resulta clave en medio de la polémica.
La discusión surge justo cuando De La Espriella cumple su primer mes en la Casa de Nariño con una política de seguridad marcada por ofensivas contra disidencias de las Farc, ELN y otras estructuras criminales. Presidencia ha presentado públicamente múltiples balances de estas operaciones y el mandatario ha reiterado que pretende combatirlas mediante la fuerza legítima del Estado.
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Por ahora, Gobierno y Defensoría coinciden en que los grupos armados deben ser enfrentados y las comunidades protegidas. El desacuerdo está en algo distinto y mucho más simbólico: cómo debe mostrar el Estado sus victorias militares y hasta dónde puede llegar el mensaje que acompaña a los muertos. Una discusión que apenas comienza y que podría marcar la manera como el país verá —y entenderá— la nueva ofensiva contra el crimen.
El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites.
Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero… pic.twitter.com/bNq3L0VnUe
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 6, 2026
Se acabó la impunidad. Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, la Fuerza Pública neutralizó un objetivo de alto valor en una operación impecable.
A narcotraficantes, terroristas y extorsionistas les caerá la mano de hierro del Estado y todo el peso de la ley. 🇨🇴 pic.twitter.com/1XKjWyf15h
— Defensores de la Patria (@defensoresco) September 4, 2026
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