Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de seis hombres señalados de integrar una presunta estructura dedicada a realizar préstamos informales bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’ o ‘paga diario’ en varios municipios de Boyacá.
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De acuerdo con el organismo investigador, la red habría operado principalmente en Tunja, Samacá y Duitama, donde ofrecía dinero a comerciantes, conductores de servicio público y otras personas que atravesaban dificultades económicas.
La Fiscalía indicó que logró relacionar al menos ocho denuncias con el funcionamiento de esta organización desde 2022. Las víctimas, según el expediente presentado por el ente acusador, habrían recibido préstamos por montos que iban desde uno hasta tres millones de pesos.
El problema, según la investigación, aparecía posteriormente con las condiciones de pago.
Fiscalía investigó presuntos cobros violentos
Las autoridades establecieron que los créditos habrían sido entregados con tasas de interés que superarían los límites permitidos legalmente.
Además, cuando alguna de las personas beneficiarias se atrasaba con las cuotas acordadas, presuntamente comenzaban las presiones para exigir el dinero.
Según la Fiscalía, dentro de las denuncias recopiladas aparecen casos relacionados con amenazas, agresiones verbales y daños ocasionados a bienes de algunas de las víctimas.
La investigación fue adelantada por un fiscal de la Seccional Boyacá, quien logró establecer la posible participación de varios hombres que, de acuerdo con la hipótesis de las autoridades, tenían tareas específicas dentro de la organización.
Los procesados fueron identificados como John Maicol Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Yefer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Ospina Bernal, Rómulo Antonio Garcés Parra y Víctor Hugo Pedraza Báez.
La Fiscalía sostiene que los señalados presuntamente organizaban zonas y horarios para buscar personas interesadas en los préstamos, cobrar las cuotas y negociar nuevas condiciones cuando los deudores no podían cumplir con los pagos establecidos.
Investigan incremento patrimonial superior a $240 millones
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el movimiento de dinero atribuido a los presuntos integrantes de la estructura.
Según el comunicado de la Fiscalía, las actividades investigadas habrían representado incrementos patrimoniales sin justificación por más de 240 millones de pesos.
Los investigadores habrían encontrado movimientos financieros y adquisición de bienes muebles e inmuebles que ahora forman parte del proceso judicial.
Las capturas fueron realizadas durante operativos conjuntos entre el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y la Policía Nacional.
En medio de las diligencias, las autoridades encontraron elementos que podrían tener relación con la actividad investigada, entre ellos registros de recaudos, tarjetas utilizadas para los cobros, cuadernos con información contable, tarjetas SIM, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
También fueron incautadas motocicletas y vehículos.
Estos automotores, algunos ubicados en diferentes lugares del país, quedaron en poder de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que deberá establecer si tienen algún vínculo con las conductas investigadas.
Los seis procesados no aceptaron los cargos
La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez y les imputó diferentes delitos dependiendo de la responsabilidad que, según el ente investigador, tendría cada uno.
Entre las conductas atribuidas aparecen concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura.
Ninguno de los seis hombres aceptó los cargos durante las audiencias.
Mientras continúa el proceso judicial y se determina su eventual responsabilidad, un juez ordenó que permanezcan bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos domicilios.
Por el momento, las afirmaciones sobre el funcionamiento de ‘Los Cobra’ corresponden a la hipótesis que presenta la Fiscalía dentro de la investigación. Los procesados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme que determine su responsabilidad.
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