Yolanda —nombre ficticio, como el de todas las personas de esta escena— cruza a pie un control de policías encapuchados en un barrio del oeste de Caracas. En el bolsillo lleva una bolsita transparente con varias pastillas de misoprostol, la segunda parte del tratamiento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para un aborto seguro. Camina rápido, sin mirar atrás. Cualquier gesto nervioso puede llevar a que la detengan. Es 2022 y ese paquete podría costarle la cárcel: en Venezuela, abortar se castiga con hasta dos años de prisión, y ayudar a hacerlo, con hasta dos años y medio.
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