Era previsible. El hoy presidente Abelardo de la Espriella hizo campaña prometiendo acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No era una promesa fácil porque la JEP, la justicia transicional que investiga los crímenes cometidos por exguerrilleros de las Farc y por militares en medio del conflicto, está protegida constitucionalmente y amparada por tribunales internacionales; pero más de un mes después de mandato, el Gobierno, a través de senadores oficialistas, ha decidido avanzar en la batalla por la vía del Congreso y plantear la discusión en términos económicos, bajo el argumento que esta jurisdicción es costosa para el país.
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