Colombia ha esperado por décadas ver a los máximos comandantes de las antiguas FARC responder por sus crímenes. El país clamó en marchas multitudinarias por el fin de los secuestros que cometía la que fue la guerrilla más antigua de Latinoamérica. En 2016, el país eligió para ello un camino que resultó ser impopular: firmar un Acuerdo de Paz para desarmar a más de 13.000 combatientes y devolverlos a la vida civil. Una década más tarde, la esperada imagen de los antiguos jefes de las FARC rindiendo cuentas finalmente llegó: esta semana comenzaron a trabajar en la búsqueda de desaparecidos en el cementerio de Pitalito (Huila), como parte de las sanciones que deben cumplir tras reconocer que durante años secuestraron y extorsionaron para financiarse.
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