La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la entidad estatal colombiana encargada de acompañar a las personas que dejan las armas en su tránsito a la vida civil, está en una carrera contrarreloj para evitar no solo la interrupción de buena parte de sus operaciones, sino su posible cierre de facto. La única institución del sector de Presidencia sin una cabeza nombrada en el nuevo Gobierno enfrenta un bloqueo de recursos mientras el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella —opositor de las negociaciones de paz y los beneficios a quienes hayan hecho parte de grupos armados— planea reducir los previstos para 2027.
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