La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, se pronunció en sus redes sociales para aclarar las dudas que pudo haber generado el paquete de cambios anunciados en los procesos de contratación en la institución de la infancia colombiana.
En primer lugar, advirtió que las madres comunitarias y los sindicatos no tienen facultades para definir quiénes serán los operadores de los programas de atención a la niñez.
Por ende, en un comunicado divulgado en sus redes sociales, la directora de la institución aseguró que la renovación institucional contempla controles sobre contratos, recursos, funcionarios y prestadores de servicios. “La niñez merece lo mejor, ese será el criterio de todas nuestras decisiones”, sostuvo.
El pronunciamiento se conoció en medio de cuestionamientos por cambios de operadores y denuncias sobre posibles afectaciones en la contratación de servicios para niños, adolescentes y familias.
Restrepo Cañavera reconoció, en efecto, el trabajo de las madres comunitarias y el derecho de las organizaciones sindicales a representar a sus afiliados. Sin embargo, aclaró que su participación no supone intervención en los procesos de contratación, porque, según su concepto, “ni las madres comunitarias ni los sindicatos son coadministradores del Icbf”.
De acuerdo con su explicación, la interlocución con estos sectores no les permite escoger operadores, exigir que continúen en los contratos ni vetar decisiones de la entidad.
La jefa del Icbf también detalló que “la selección y el cambio de operadores corresponden a las instancias competentes de la entidad”, bajo las reglas del manual de contratación, los procedimientos aplicables y la legislación vigente. Además, añadió que esas actuaciones deben estar sustentadas, documentadas y disponibles para el control de las autoridades.
La entidad defendió la contratación de organizaciones de otras regiones
En cuanto a las inquietudes por la participación de operadores de departamentos distintos a aquellos donde prestarán los servicios, la funcionaria sostuvo que el origen geográfico no prueba “por sí sola, una irregularidad ni un perjuicio” para los beneficiarios.
“La evaluación debe concentrarse en su idoneidad, su capacidad para prestar el servicio, el cumplimiento de los requisitos y las condiciones efectivas de atención”, aclaró.
De hecho, determinó que acudir a directivos u operadores de otras regiones puede ayudar a reducir riesgos de conflictos de interés, favorecimientos o captura de decisiones institucionales y que, dentro de los límites legales, el Instituto seguirá recurriendo a personas y organizaciones de otras zonas del país cuando lo considere necesario.
La diferenciación entre cambios de operador y suspensión de servicios
De cara a las denuncias sobre eventuales cortes en la contratación, la directora señaló que es necesario establecer en cada caso si se trata de un cambio de operador, una terminación contractual o una interrupción efectiva de la atención.
“Cada situación exige una respuesta sustentada en los hechos y medidas acordes con lo que se establezca”, y de la misma manera, el estándar de evaluación será igual para funcionarios, operadores y contratistas.
“La antigüedad, las relaciones personales, la cercanía política o la presión de cualquier sector no reemplazan esos requisitos. No hay derechos adquiridos”, reiteró Restrepo.
En su comunicado también planteó que la renovación institucional buscará fortalecer la calidad de los servicios, prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos se destinen a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La directora señaló que la entidad escuchará los reclamos, explicará sus decisiones ante las autoridades y corregirá las situaciones en las que se identifiquen errores o irregularidades.
“Vamos a trabajar para que el Icbf cuente con los mejores funcionarios, los mejores operadores y los mejores contratistas, seleccionados con criterios objetivos y sujetos a una exigencia permanente de integridad y resultados”, concluyó.
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