El jueves 10 de septiembre estaba marcado en rojo festivo en el calendario del Tribunal Supremo. En el acto de apertura del año judicial, la ceremonia presidia por el Rey con la que se inaugura el curso en los tribunales, el Supremo congrega a la cúpula judicial en una procesión de togas con la que exhibe toda su pompa. El Palacio de las Salesas, sede del tribunal, parece haberse detenido en el tiempo. Pero este jueves, cuando jueces, fiscales, autoridades y el resto de invitados cumplían con el último acto de la agenda, el cóctel en el Salón de los Pasos Perdidos, una bomba jurídica devolvió al Tribunal Supremo a 2026. La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) acababa de notificar los autos en los que justifica la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de nacionalizados españoles en un “peligro fundado” de pucherazo electoral.
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