El 8 de septiembre pasado, al despacho del líder del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de Cultura llegó una misiva firmada por los directivos de la Corporación Reiniciar, que reúne a víctimas del exterminio de la Unión Patriótica (UP), el partido político de izquierda que sufrió el asesinato de alrededor de 6.000 militantes en los años 80 y 90 del siglo XX. En el documento, indagaban por un proceso en el que llevaban dos años participando junto al Ministerio: el cumplimiento de cuatro medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que condenó a Colombia el 30 de enero de 2023 por ese genocidio. En esa carta, Reiniciar alertaba de que la respuesta que venían recibiendo de los nuevos funcionarios de la cartera, desde el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella, era desalentadora: no hay presupuesto disponible para seguir adelante con la elaboración de un documental, un monumento a las víctimas, unas placas conmemorativas y una campaña de sensibilización en medios de comunicación ordenados para repararlos.
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