El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en su objetivo de consolidar la educación como uno de los principales frentes de su “batalla cultural” en Colombia. Un borrador de decreto, en estudio tras recibir más de 1.700 comentarios de la sociedad civil, abre la puerta a una mayor participación del sector privado en la administración de colegios públicos. En caso de seguir adelante sin modificaciones, el Estado ya no tendrá que probar la insuficiencia de sus recursos para justificar las concesiones. Los expertos consultados consideran que es un movimiento en dos frentes: beneficia la expansión de las instituciones religiosas que ya prestan estos servicios, mientras asesta un duro golpe a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el sindicato de maestros de colegios públicos.
