Se suele hablar de corrupción para cuantificar su impacto, es decir, cuando el hecho ya ha ocurrido. Por esto, la conversación siempre gira en torno a los recursos que se pierden o al daño e impacto en lo público. Pero, ¿dónde queda la prevención? Lo paradójico es que las entidades públicas cuentan con numerosas herramientas diseñadas precisamente para anticipar estos riesgos. Políticas, programas, matrices y planes de seguimiento que, con frecuencia, terminan convirtiéndose en documentos de cumplimiento formal, elaborados por las oficinas de planeación, control interno o similares, sin que necesariamente formen parte de las decisiones de los gerentes públicos que dirigen las instituciones, ni de las prácticas cotidianas de sus funcionarios.
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