La Policía de Colombia y las autoridades de España desarticularon una red transnacional que sometió a más de 100 colombianos a trabajos forzados en centros de llamadas de Camboya, donde eran obligados a cometer fraudes financieros contra personas en su país de origen.
La estructura, vinculada por los investigadores con organizaciones de origen chino asentadas en Asia, captaba a hombres y mujeres de entre 25 y 35 años con dificultades económicas. Les ofrecía empleos bien remunerados en Tailandia o Camboya, supuestamente relacionados con la comercialización de criptomonedas.
La investigación comenzó tras una denuncia conocida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre hechos ocurridos el 7 de agosto de 2025. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, Dijín, reconstruyó las rutas de traslado, los mecanismos de reclutamiento y la operación de los complejos desde los que se realizaban las estafas.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, afirmó que se trata del primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia por trata de personas bajo la modalidad de delincuencia forzada en centros de llamadas criminales en Asia.
La red era dirigida internacionalmente por un hombre conocido como alias Jiaxing Ye. Su estructura incluía coordinadores financieros y logísticos radicados en las provincias españolas de Zamora y Castellón, además de reclutadores encargados de contactar y trasladar a las víctimas desde Colombia.
Los captadores gestionaban los pasaportes, compraban los pasajes y entregaban indicaciones sobre las respuestas que debían dar ante las autoridades migratorias. “La red gestionaba toda la logística, agendamiento de citas para pasaportes, compra de tiquetes aéreos, instrucciones precisas sobre qué declarar en migración para evitar controles y monitoreo constante hasta el abordaje”, señalaron las autoridades colombianas mediante un comunicado.
Los viajes partían de Colombia y tenían conexiones en Ámsterdam, Países Bajos, o en aeropuertos españoles. Desde allí, las personas continuaban hacia Bangkok, Tailandia, antes de llegar a Phnom Penh, la capital camboyana, o a zonas próximas a la frontera con Vietnam.
Al arribar a Asia, las condiciones ofrecidas cambiaban por completo: les quitaban los documentos, restringían su movilidad y los mantenían bajo vigilancia armada en instalaciones cerradas. También tenían acceso limitado a atención médica.
Para recuperar la libertad, los responsables exigían el pago de una supuesta deuda de $30 millones por los gastos del traslado, equivalentes a unos USD 9.000, o el cumplimiento de al menos seis meses de trabajo forzado.
Las víctimas debían realizar jornadas nocturnas de hasta 12 horas. Quienes no alcanzaban las metas económicas impuestas por los administradores sufrían multas, agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte y advertencias de que podían ser vendidos a otras organizaciones criminales de Asia.
La estafa mediante la falsa cédula digital
Los colombianos retenidos recibían una capacitación llamada mastereo, un entrenamiento para utilizar guiones telefónicos y engañar a personas en Colombia. Una de las estrategias consistía en hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil para ofrecer el trámite de la cédula digital.
Durante las llamadas, los operadores inducían a los ciudadanos a descargar aplicaciones en sus teléfonos. Los programas permitían a otros integrantes de la organización acceder a los dispositivos y sustraer fondos de las cuentas bancarias.
La red también realizaba operaciones vinculadas con criptomonedas, suplantación de identidad e ingeniería social, una modalidad basada en el engaño para obtener información o ingresar a sistemas tecnológicos. Las ganancias eran reportadas a los administradores de los complejos, que evaluaban el desempeño de las personas retenidas según los montos obtenidos.
Una sobreviviente relató a Noticias Caracol que una amiga le ofreció un salario cercano a USD 4.000 mensuales y le aseguró que necesitaban a más de 200 personas. Al llegar a Camboya, descubrió que esa conocida participaba en el reclutamiento para la organización.
La mujer explicó que el grupo debía llamar a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú con la falsa promesa de una cédula digital gratuita. “Nos daban un listado donde decíamos a la gente que estábamos llamando de la Registraduría, que estábamos haciendo una campaña para que pudieran obtener la cédula digital gratis”, contó al medio.
Según su testimonio, después de que la persona descargaba el enlace enviado por los operadores, otros integrantes tomaban el control del teléfono y retiraban el dinero de sus cuentas. Para evitar castigos, cada persona debía conseguir entre tres y cuatro instalaciones efectivas de las aplicaciones por día.
La sobreviviente señaló que algunas jornadas se extendían casi 18 horas y solo tenían una hora de descanso. También relató amenazas con descargas eléctricas y el caso de una compañera que, según dijo, fue encerrada dos semanas sin comida y luego entregada a otra organización.
Las capturas y los responsables identificados
La operación conjunta dejó tres capturas por orden judicial y dos retenciones mediante notificaciones rojas de Interpol en Zamora y Castellón, en España. Las autoridades emitieron además tres notificaciones azules para localizar a otros integrantes de la estructura.
Los procedimientos judiciales se adelantan por trata de personas y concierto para delinquir. Las dos personas retenidas en España quedaron vinculadas a trámites orientados a una eventual extradición.
La Policía identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez y Cristian Camilo Ortiz Avendaño como responsables de perfilar, captar y trasladar víctimas hacia Camboya. También fueron vinculadas Yuris Marcela Reyes Zambrano, Karina Yulieth Doncell Rojas y Viviana Karoly Daza Ospino.
A Doncell Rojas se le atribuyen funciones relacionadas con la instalación de programas maliciosos y otras actividades informáticas utilizadas para ejecutar los fraudes. Algunos miembros de la red habrían llegado inicialmente al sudeste asiático como víctimas y luego comenzaron a colaborar en la captación de otros ciudadanos colombianos.
La investigación contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, el Centro Especializado contra la Trata de Personas de Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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