La Contraloría ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia por $20.783 millones, firmados durante el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión llegó después de que ‘Noticias Caracol’ publicara documentos internos sobre compras fallidas, un presunto plan para espiar a expresidentes y un funcionario, hoy capturado, señalado de liderar ataques contra la Registraduría.

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, ordenó este lunes 9 de noviembre una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. Según el comunicado de la entidad, en esas compras se habrían presentado fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos. El objetivo de la Contraloría sería, entonces, establecer si los recursos se manejaron conforme a la ley y si hubo daño al patrimonio del Estado.

La lista incluye un helicóptero no tripulado de $9.000 millones, que sufrió un siniestro en marzo de 2026; tres sistemas ‘antidrones’ por $8.340 millones; mobiliario para la sede de Funza por $1.549 millones; 595 computadores por $1.314 millones y un sistema de identificación biométrica por $580 millones. Por fuera de esa suma, el organismo verificará la entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), en su versión 2, y el destino de la plata comprometida en su desarrollo.

La propia Contraloría advirtió que la orden responde a información conocida a través de los medios y que no constituye una determinación sobre irregularidades o responsabilidades individuales. Si aparece un presunto detrimento, abrirá actuaciones fiscales, y si encuentra hechos con relevancia penal o disciplinaria, los trasladará a la Fiscalía o a la Procuraduría. Laverde sostuvo que la reserva de la inteligencia no impide esa vigilancia y que «cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima».

El presunto plan para espiar a expresidentes

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló el 8 de noviembre un «informe de empalme» de 26 páginas, rotulado como reservado, fechado en julio de 2026 y dirigido al director entrante de la DNI, que se basa en papeles e información de funcionarios de la propia agencia. Citando a una fuente humana, sostiene que la entidad planeó instalar micrófonos y GPS en los vehículos de expresidentes y exvicepresidentes. El documento advierte que una agencia de inteligencia no tiene razón técnica para asignar esos carros, salvo que su objetivo sea controlar a las personas protegidas.

El informe también describe una salida coordinada, el 18 de junio, de personas de confianza del Gobierno mediante insubsistencias sin justificación, para que demandaran y regresaran a la entidad en años posteriores, y una casa operativa sin registro cerca de la embajada de Estados Unidos, desocupada tras las elecciones.

El mismo informe registra la sospecha de que Rusia entregó equipos con malware a agentes capacitados en Moscú y recomienda una revisión forense de todos los dispositivos. Sobre el dron de $9.000 millones, asegura que estaba sobrevalorado, que registró cuatro fallas simultáneas en agosto de 2025 y que solo estaba asegurado por el 10% de su valor. 

El segundo documento, de 11 páginas, lo envió la DNI a la Presidencia en septiembre y repasa aspectos de su contratación. Dice que dos camionetas Tahoe destinadas a la Casa de Nariño habrían sido acondicionadas con equipos ‘antidrones’, que un funcionario alertó que también podrían interceptar comunicaciones, y que en la dotación para Funza aparecen atriles de $14 millones y camas de $18 millones. 

La auditoría que ordenó De la Espriella

El 3 de octubre, Semana ya había publicado los hallazgos de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, que advertía sobre el dron y el sistema biométrico. Esa revisión concluyó que al menos la mitad de quienes ingresaron a la DNI en el Gobierno anterior no eran idóneos ni confiables y que más de 100 funcionarios representaban un riesgo alto o crítico. El medio informó que 147 terabytes de datos, bajo cadena de custodia, serían entregados a la Fiscalía.

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Desde 2024, según un informe enviado a la Presidencia, la DNI no tiene plataforma para registrar sus misiones porque no se renovó el contrato con el proveedor. | Crédito: Colprensa

Semana, que describió a la agencia como una «policía política», reportó que los auditores detectaron un patrón en el que se fabricaba una falsa amenaza para asignarle un esquema de protección a la supuesta víctima y recoger información sobre ella. De acuerdo a esa información, al menos $350 millones de gastos reservados se fueron en misiones ajenas a contrainteligencia.

Una fuente anónima de la Uiaf le aseguró en enero de 2024 a Vicky Dávila que esa unidad hizo escuchas y seguimientos al fiscal Francisco Barbosa, que tenía en la mira a Álvaro Uribe, Iván Duque, María Fernanda Cabal y a la misma Dávila, por lo que Petro recibía informes semanales.

El hacker Carlos Oyola: ¿cuál es su relación con este caso?

Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años, fue capturado el 6 de noviembre en Neiva, en un operativo del CTI y el Gaula Militar. La detención obedece a un presunto fraude en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde habría falsificado notas para graduarse de una especialización y una maestría, y no a su paso por la DNI. Tenía orden de captura desde el 7 de mayo, día en el que todavía seguía siendo funcionario activo de la agencia.

Los documentos revelados por Caracol señalan que Oyola, quien entró a la DNI en febrero de 2024, hackeó entidades del Estado para darle bases de datos a contrainteligencia y coordinaba activistas digitales, bodegueros y hackers. El informe de empalme sostiene que lideró desde Madrid una red para cambiar los resultados de la segunda vuelta del 21 de junio con ataques a la Registraduría y que, horas antes de la primera vuelta, escapó de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento fachada de la DNI.

El informe de septiembre asocia a Oyola con el desarrollo del SIIC versión 2, la plataforma que debía registrar las misiones de la entidad y que ahora está bajo la lupa de la Contraloría. Según ese documento, no entregó nada porque le habrían robado el computador, un hecho del que no existe denuncia.

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