Micrófonos y dispositivos GPS instalados presuntamente en vehículos destinados a expresidentes, una casa operativa que no aparecería en los registros oficiales, equipos tecnológicos entregados después de un viaje a Rusia, un helicóptero no tripulado de 9.000 millones de pesos y un funcionario señalado de realizar ataques informáticos.
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Esos son algunos de los hallazgos contenidos en documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que salieron a la luz y que abrieron interrogantes sobre lo que habría ocurrido dentro de la agencia durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La información fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que aseguró haber tenido acceso a un informe de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026, y a otro documento de 11 páginas enviado posteriormente desde la DNI a la Presidencia de la República.
Los informes contienen fotografías, referencias contractuales, reportes técnicos y versiones suministradas por funcionarios de la propia entidad. Sin embargo, varios de los señalamientos que allí aparecen continúan siendo materia de verificación y no equivalen por sí solos a una decisión judicial que establezca responsabilidades.
Entre todos los documentos, una advertencia sobresale: la supuesta intención de utilizar vehículos de protección asignados a antiguos mandatarios para realizar labores de inteligencia sobre ellos.
El plan que habría buscado instalar micrófonos y GPS en vehículos de expresidentes
De acuerdo con el informe conocido por Noticias Caracol, una fuente humana aseguró que dentro de la DNI se habría planteado acondicionar con micrófonos y GPS algunos vehículos destinados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.
El documento relaciona esa presunta estrategia con una decisión adoptada durante las últimas semanas del Gobierno Petro.
El 3 de junio de 2026, el Ejecutivo expidió el Decreto 563, mediante el cual modificó las disposiciones relacionadas con los vehículos utilizados para la seguridad de exmandatarios.
La norma estableció que estos automotores podían ser asignados por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y, por primera vez dentro de esa disposición, la Dirección Nacional de Inteligencia.
El contenido del decreto está registrado oficialmente y confirma esa nueva competencia.
Sin embargo, el supuesto objetivo detrás de esa modificación corresponde a la interpretación contenida en los informes revelados y no a una conclusión judicial.
El informe plantea que la participación de una agencia de inteligencia en la asignación de vehículos podría haber facilitado el seguimiento a las personas protegidas.
El decreto cambió nuevamente seis días después
Hay otro elemento que resulta importante para entender el caso.
El Decreto 563 de 2026 estuvo vigente pocos días. El 9 de junio, el Gobierno expidió el Decreto 592, que lo derogó.
Pero la nueva norma mantuvo a la DNI entre las entidades que podían asignar los vehículos de protección.
Además, incorporó una modificación adicional: estableció que el personal de protección estaría a cargo de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección o, “cuando sea necesario”, de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Es decir, aunque el primer decreto desapareció jurídicamente, la participación de la DNI en estos esquemas permaneció.
Para Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, la discusión está precisamente en los límites de las funciones de una agencia de inteligencia.
Restrepo señaló que resulta difícil establecer cuál habría sido la intención detrás de esas actuaciones, pero sostuvo que, de comprobarse labores de espionaje, estas se apartarían de sus competencias.
Según explicó, una eventual intervención de vehículos para instalar dispositivos de seguimiento significaría que la entidad estaría entrando “en un campo donde le está expresamente prohibido intervenir”.
Hasta ahora, los documentos divulgados no demuestran que los micrófonos o GPS hayan sido efectivamente instalados en los vehículos de los exmandatarios.
La denuncia, por tanto, se mantiene en el terreno de un presunto plan identificado en informes internos.
Una casa operativa que no aparecería en los registros de la DNI
Los vehículos no son el único punto que genera interrogantes.
El denominado informe de empalme también hace referencia a una casa operativa ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Según la fuente citada dentro del documento, la vivienda habría funcionado como una sede clandestina de operaciones de inteligencia y posteriormente habría sido desocupada después de las elecciones presidenciales.
La versión señala además que los registros relacionados con ese inmueble habrían sido retirados de los archivos de la entidad.
El documento la describe como una sede que habría sido utilizada “como sede operativa no registrada en libros”.
No se conoce, sin embargo, cuál habría sido la misión desarrollada allí ni existen hasta el momento resultados públicos de una investigación judicial que determine para qué fue utilizada.
La cercanía del inmueble con la principal sede diplomática estadounidense en Colombia constituye uno de los elementos que los autores del informe consideran relevantes, pero el documento no demuestra por sí mismo que la Embajada hubiera sido objeto de vigilancia.
Equipos provenientes de Rusia y una alerta por posible malware
Otro apartado introduce un componente internacional.
Según el informe, funcionarios de la DNI habrían viajado a Moscú, Rusia, para recibir capacitación por parte del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, conocido como SVR.
Después del viaje, los agentes habrían recibido computadores y teléfonos celulares.
La preocupación consignada en el documento es que esos equipos pudieran contener malware, es decir, programas diseñados para infiltrarse, alterar o extraer información de otros sistemas.
El informe recomendó realizar una revisión forense de los dispositivos ante la posibilidad de que, una vez conectados a las redes de la DNI, comprometieran información de la agencia.
Hasta el momento no se conoce públicamente un peritaje técnico que confirme que esos dispositivos estuvieran efectivamente infectados.
Por esa razón, la versión permanece como una alerta de contrainteligencia consignada en el documento, no como un hecho demostrado.
El helicóptero no tripulado de 9.000 millones de pesos
Los documentos también ponen el foco sobre las compras realizadas por la agencia.
Uno de los contratos examinados corresponde a un vehículo aéreo no tripulado, similar a un helicóptero, adquirido para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia.
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Según las especificaciones recogidas en el informe, la aeronave podía alcanzar una distancia máxima de 600 kilómetros, permanecer hasta seis horas en vuelo, transmitir datos desde unos 200 kilómetros y transportar entre 60 y 120 kilos.
Su costo fue de aproximadamente 9.000 millones de pesos.
El informe cuestiona el valor del equipo y señala que el contrato habría enfrentado dificultades por incumplimientos técnicos.
Entre las fallas reportadas aparecen problemas en sistemas de comunicación, combustible, transmisión y motor.
El documento sostiene que las deficiencias fueron suficientemente graves como para impedir uno de los vuelos de prueba por razones de seguridad.
Después apareció un problema adicional.
El 15 de marzo de 2026, el helicóptero no tripulado habría sufrido un siniestro.
Una comunicación enviada posteriormente a la aseguradora indicó que las circunstancias estaban siendo revisadas para establecer las causas y determinar si lo sucedido configuraba un evento cubierto por la póliza.
Según el informe revelado, el equipo tendría una cobertura de solo 900 millones de pesos, equivalente al 10 % de los 9.000 millones que habría costado.
También se plantea la posibilidad de que la aeronave hubiera sido utilizada con propósitos diferentes a los estrictamente institucionales, pero esa afirmación no ha sido acreditada públicamente mediante una investigación penal o disciplinaria.
Camionetas, equipos antidrones y posible capacidad de interceptación
Un segundo informe enviado por la DNI a Presidencia en septiembre también revisó varios contratos.
Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Chevrolet Tahoe modelo 2024.
Dos de estos vehículos habrían sido acondicionados con equipos antidrones y destinados a funciones relacionadas con la Casa Presidencial.
De acuerdo con los documentos, la entidad adquirió tres sistemas antidrones por 8.340 millones de pesos.
Además, el informe recoge la versión de un funcionario según la cual algunos vehículos podrían disponer de herramientas capaces de interceptar comunicaciones.
Ese punto, según el propio reporte, todavía estaba siendo corroborado.
La diferencia es importante: un sistema antidrones puede detectar, interferir o neutralizar aeronaves no tripuladas dependiendo de su configuración; otra cosa distinta es afirmar que un vehículo estaba equipado para intervenir comunicaciones privadas.
Sobre esta segunda posibilidad, los documentos conocidos hablan de una alerta en proceso de verificación.
La DNI habría quedado sin una plataforma para registrar misiones
Uno de los hallazgos menos llamativos a primera vista podría ser, al mismo tiempo, uno de los más relevantes para establecer responsabilidades.
Según el informe, desde 2024 la DNI no contaba con una plataforma activa para registrar adecuadamente las misiones de inteligencia y contrainteligencia.
El contrato del sistema anterior no habría sido renovado debido a diferencias con el proveedor.
¿Por qué importa
Porque las operaciones de inteligencia no deberían depender únicamente de decisiones verbales. Su trazabilidad permite conocer quién ordenó una misión, qué funcionarios participaron, cuál era su finalidad y bajo qué controles se desarrolló.
Juan Carlos Restrepo advirtió que una operación de inteligencia debe contar con una orden y mecanismos de supervisión.
“La inteligencia de Estado es un arma, es un poder que tiene el Estado”, explicó el exinspector, quien añadió que su utilización no puede ser arbitraria.
Compras cuestionadas dentro de la DNI
Los documentos también reconstruyen una cadena de adquisiciones que, según los informes internos, habrían presentado problemas desde los primeros meses del Gobierno Petro.
En octubre de 2022, por ejemplo, la DNI firmó un contrato por 580 millones de pesos para adquirir un sistema de identificación biométrica capaz de procesar huellas, rostros e iris.
El problema fue que, según el reporte conocido, el sistema resultó incompatible con parte de la infraestructura tecnológica de la entidad.
Dos años después llegó otra compra.
El contrato 043 de 2024 contempló la adquisición de 595 computadores por 1.314 millones de pesos.
El informe sostiene que los equipos presentaron fallas y no alcanzaban las capacidades esperadas para computadores corporativos.
A comienzos de 2026 también aparece una adquisición por 1.549 millones de pesos destinada a dotar instalaciones de la DNI en Funza.
Entre los elementos incluidos figurarían diez atriles con un costo cercano a 14 millones de pesos cada uno, además de camas cuyo precio reportado alcanzaría los 18 millones de pesos por unidad.
El informe también señala retrasos en las obras de esa sede.
Carlos Oyola, el funcionario que aparece en los documentos
Quizás el capítulo más sensible de los documentos tiene nombre propio: Carlos Andrés Oyola Tovar.
Oyola es ingeniero de sistemas y habría ingresado a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024.
Los informes internos lo relacionan con actividades tecnológicas y mencionan que habría accedido sin autorización a bases de datos de entidades estatales.
Pero el señalamiento más grave aparece relacionado con las elecciones presidenciales de 2026.
Según el documento divulgado por Noticias Caracol, Oyola habría liderado una red que pretendía realizar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional para alterar los resultados de la votación de segunda vuelta.
Ese señalamiento todavía debe ser probado ante las autoridades judiciales.
Lo que sí está confirmado es que Oyola fue capturado en Neiva en noviembre de 2026 en una operación en la que participaron el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar.
Reportes del Gaula Militar citados por diferentes medios señalan que el funcionario es investigado por presuntos ataques informáticos contra la Fiscalía y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, además de acceso abusivo a información relacionada con procesos electorales y datos estratégicos de seguridad nacional.
¿Por qué Carlos Oyola ya tenía problemas judiciales?
El nombre de Oyola no apareció por primera vez con los documentos de la DNI.
Una investigación relacionada con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ya había puesto bajo sospecha su comportamiento en sistemas informáticos.
De acuerdo con la información revelada, en 2023 se detectaron inconsistencias en registros académicos relacionados con estudios de especialización y maestría.
El caso derivó en investigaciones por presuntos delitos informáticos y falsedades.
Posteriormente, Oyola pasó por un contrato relacionado con el Fondo Colombia en Paz y finalmente llegó a la DNI.
Los documentos internos sostienen que entre algunas de sus actividades se encontraba la coordinación de actores digitales y expertos informáticos.
El sistema de inteligencia que habría terminado en un computador personal
Otro elemento abrió nuevas preguntas.
Oyola aparece relacionado con el desarrollo de una nueva versión del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada a centralizar registros estratégicos de la entidad.
El informe señala que el proyecto no habría sido entregado y que el computador utilizado para desarrollarlo habría sido reportado como hurtado.
Por separado, información divulgada tras su captura señala que las autoridades investigan si Oyola tenía una copia de información reservada del sistema de inteligencia del Estado almacenada en un computador personal.
Caracol Radio y El Colombiano reportaron, citando a las autoridades que participaron en su captura, que el funcionario habría tenido acceso no autorizado a información estratégica.
Este punto ya forma parte de una investigación judicial y es diferente de otras acusaciones contenidas únicamente en los informes internos.
La pregunta que queda abierta sobre las elecciones
Los documentos también mencionan una orden de captura que habría sido emitida contra Oyola antes de las elecciones presidenciales.
Según la investigación de Noticias Caracol, el funcionario habría logrado evadir un procedimiento de la Fiscalía realizado en un inmueble utilizado por la DNI y habría abandonado allí computadores, teléfonos y otros equipos.
La gran pregunta es qué información contenían esos dispositivos y si alguno guarda evidencia de los presuntos planes mencionados en los informes.
Hasta ahora, esa respuesta no ha sido revelada públicamente por la Fiscalía.
Tampoco se conoce una decisión judicial que permita afirmar que se produjo una manipulación efectiva de resultados electorales.
Por eso, aunque los documentos hablan de un posible plan para atacar a la Registraduría, no existe información pública que demuestre que los resultados de las elecciones fueron alterados mediante ese mecanismo.
Expresidentes guardaron silencio sobre el supuesto espionaje
Noticias Caracol informó que buscó a varios expresidentes para conocer su reacción frente a los documentos que hablan del supuesto acondicionamiento de vehículos con GPS y micrófonos.
Ninguno quiso pronunciarse públicamente.
El medio también intentó obtener declaraciones de Rafael Guarín y Jorge Lemus, quienes estuvieron al frente de la DNI durante la administración Petro, pero aseguró que no recibió respuesta.
La entonces fiscal general Luz Adriana Camargo también fue contactada debido a las referencias que aparecen en los documentos sobre supuestas reuniones con Oyola.
Tampoco hubo respuesta, de acuerdo con la investigación periodística.
¿Qué está probado y qué sigue bajo investigación?
Los documentos conocidos permiten separar varios niveles de información.
Está confirmado que el Gobierno Petro expidió normas que incorporaron a la DNI en la asignación de vehículos de protección de expresidentes y exvicepresidentes.
También están documentadas varias adquisiciones de equipos y tecnologías dentro de la entidad, así como la captura de Carlos Oyola y la investigación judicial abierta en su contra.
En cambio, continúan sin una decisión judicial que los confirme los señalamientos sobre un plan de espionaje a expresidentes, el supuesto uso clandestino de una casa operativa, la eventual contaminación con malware de dispositivos procedentes de Rusia, el posible empleo político del helicóptero no tripulado y el supuesto plan para interferir los resultados electorales.
Los informes revelados colocaron ahora esas preguntas en manos de las autoridades.
Y mientras avanzan las investigaciones, una de las frases de Juan Carlos Restrepo resume el tamaño del debate que se abrió alrededor de la agencia: “el ejercicio de ese poder no puede ser arbitrario”.
La pregunta que permanece es hasta dónde llegaron realmente las operaciones descritas en esos documentos y cuántas de ellas quedaron únicamente en planes, alertas o versiones internas.
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Ese es el punto que todavía deberán esclarecer la Fiscalía, los organismos de control y las autoridades encargadas de supervisar la inteligencia del Estado.
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