Las grietas del sistema penitenciario colombiano han vuelto a quedar expuestas. Este miércoles, varios ministros y altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella asistieron a una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacerle seguimiento a las crisis penitenciaria y carcelaria que vive el país. Pese a que durante la sesión se abordó la complejidad del problema —con un hacinamiento del 94%, mala alimentación de los presos y pocos programas de resocialización—, el discurso del ministro de Justicia, Iván Cancino, se centró en la construcción de cárceles, en línea con la promesa de campaña de De la Espriella, quien propuso una política centrada en la seguridad y en la mano dura. “Vamos a construir cárceles”, dijo Cancino, sin especificar si se trata de nuevos proyectos, más allá de los 12 centros de reclusión cuya construcción empezó en pasados Gobiernos, especialmente en el de Iván Duque, y que se prevé sean entregados por la actual administración. El ministro se refirió a cuatro cárceles de gran escala cuya construcción está próxima a culminar, y que están ubicadas en Sabanas de Ángel (Magdalena) y en Riohacha, en el Caribe colombiano, y en las ciudades de Pereira y Barrancabermeja. Entre todas, suman 6.722 nuevos cupos, ha anunciado el ministro.
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