La investigación surge de una queja que cuestiona dos certificados laborales que presentó para posesionarse en la Agencia Nacional de Tierras: uno de una asociación de ganaderos de Arauca y otro de un abogado. La Procuraduría ordenó inspeccionar ambas oficinas.
La Procuraduría General abrió este 19 de octubre una investigación disciplinaria contra Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntamente no cumplir los requisitos para ocupar el cargo.
Garrido es excongresista de Cambio Radical, se quemó en las elecciones legislativas y fue nombrada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El expediente busca establecer si la experiencia que acreditó para posesionarse corresponde a trabajos que realmente desempeñó.
La decisión la tomó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa a partir de una queja presentada el 13 de octubre por el ciudadano Dumar Eliécer Blanco Ruiz.
“Determinar si: i) si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo de director general de Agencia, código E3, grado 5, fue cumplido y, ii) se demostró mediante documentos que reflejen la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar”, explicó la Procuraduría.
Los dos certificados en duda
La queja apunta a dos constancias laborales que Garrido presentó para tomar posesión del cargo. La primera es de la Asociación de Ganaderos de la Sabana (Asosabana), en Arauca. La segunda es del abogado José Manuel Garcés Castañeda. Según quien puso la denuncia, el cargo que figura en el certificado de Asosabana, de “Dirección Estratégica, la gestión institucional y desarrollo agrario”, no existe en esa organización.
La segunda objeción es más grave. Blanco sostiene que las funciones descritas en los certificados fueron copiadas de los manuales de la propia ANT. Así lo resume el auto:
“Las certificaciones aportadas para demostrar la experiencia para el cargo fue copiada de los manuales de funciones de la Agencia Nacional de Tierras -ANT- a efectos de hacerlas compatibles con las funciones del manual de la ANT, sin que efectivamente Garrido Martín, hubiese desempeñado o desarrollado las actividades descritas en ellos”, se lee en el documento.
Inspección en Arauca y las órdenes que dio la Procuraduría
Para verificarlo, la Procuraduría comisionó al procurador regional de Arauca para inspeccionar la sede de Asosabana y la oficina del abogado.
En la asociación deberá pedir los nombres de quienes han ocupado ese cargo desde 2020, el tipo de contrato que tenían, cómo se les pagaba y las pruebas del trabajo de Garrido, como informes, memorandos o presentaciones. En la oficina del abogado buscará cómo estaba vinculada ella, cómo le pagaban y qué conceptos, memoriales o estudios produjo.
A la ANT le dio cinco días para enviar la certificación laboral de su directora, con la fecha de nombramiento y posesión, el salario de 2026, sus funciones, copia de los actos de nombramiento y la última versión de su hoja de vida registrada en Función Pública.
Los otros cuestionamientos contra Lina María Garrido
Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político (Javeriana) y en Gerencia Social (ESAP).
Fue concejal de Arauca entre 2015 y 2019 y representante a la Cámara entre 2022 y 2026, periodo en el que fue una de las voces más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. En marzo aspiró al Senado y no alcanzó la curul. Fue una de las primeras congresistas en respaldar la candidatura de De la Espriella.
Antes de la ANT, su nombre sonó para dirigir el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Ese nombramiento no se concretó tras críticas de expertos y exministros de Agricultura. Señalaban que el manual del ICA exige estudios en áreas como agronomía, veterinaria o administración pública. Días después fue designada en la ANT, la entidad encargada de formalizar, adjudicar y restituir tierras rurales.
Su nombramiento ya enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado. La presentó la representante del Pacto Histórico Daniela Beltrán y busca anular el decreto. Beltrán argumenta que a Garrido le falta experiencia y que su hoja de vida no se publicó durante los tres días que exige la ley.
Esa publicación había sido suspendida por 15 días mediante el Decreto 1012 de 2026, cinco días antes del nombramiento. El alto tribunal admitió la demanda, pero negó suspender provisionalmente el nombramiento.